Miguel Bakit tiene 74 años y fue diagnosticado con cáncer de riñón, el que se ramificó a otros órganos de su cuerpo. El martes debía ser operado de urgencia en el Hospital Regional de Concepción para extirparle el riñón derecho, sin embargo, le cerraron a puerta en la entrada al pabellón por el paro que realiza la Fenats.

Tras los 24 días en paro de la Fenats regional de Concepción por mantener los buses de acercamiento, se han suspendido 320 cirugías, de ellas un gran porcentaje son operaciones oncológicas.

Verónica Peña, esposa de Miguel, lamentó lo sucedido y no entiende cómo personal de salud impide que se atienda.

“Lo sacan de la sala a las 6 de la mañana, lo llevan, lo preparan y se encuentran con que el quirófano está tomado por esta gente. Increíble. Increíble que esta gente que jura mil veces por la vida de los demás hagan una cosa así, porque yo estoy de acuerdo en sus demandas, en sus peticiones, pero nadie puede tomarse un quirófano, nadie puede tomarse la vida de las personas”, enfatizó Verónica.

En conversación con Radio Bío Bío de Concepción, el director del Servicio de Salud, Víctor Valenzuela, confirmó que les solicitó a los abogados establecer querellas contra los dirigentes y ratificó que se están realizando descuentos de remuneraciones a los movilizados.

Medidas que no son suficientes para el diputado Eric Aedo, quien pidió invocar la Ley de Seguridad del Estado en contra de quienes mantienen tomadas áreas críticas del hospital.

“La autoridad regional y la autoridad de salud, pueden invocar la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes, ese es un camino, pero también la delegada presidencial puede invocar la Ley de Seguridad del Estado, en su artículo número 11″, dijo el parlamentario.

El Servicio de Salud Concepción ha invertido más de 2 mil millones de pesos producto de los 10 paros que se registraron en 2022, por lo que compró atenciones en el sector privado.

Claudia Moran, vicepresidenta de la Fenpruss, señaló que el deber de todos los funcionarios es cumplir con los pacientes.

“Nuestro deber ser, es el paciente, por lo tanto, siempre nosotros vamos a velar por el paciente (…) no estamos de acuerdo con la suspensión”, agregó Claudia Morán.

Los trabajadores movilizados exigen que se restablezcan traslados gratuitos en bus desde y hacia el hospital. Un costo que, en dos años, sumó 3.200 millones de pesos y que las autoridades han descartado de plano poder seguir financiando.