La Justicia paralizó el desalojo de una familia de Hualpén que ocupa un terreno que el Serviu necesita para la construcción de 200 soluciones habitacionales. Los afectados denuncian que la Delegación Presidencial actuó ilegalmente al ordenar a Carabineros sacarlos de un sitio cuya propiedad está en discusión ante un Juzgado Civil.

A cuatro días desde que personal de Carabineros llegara a calle Nueva Imperial en la población René Schneider para cumplir la orden de desalojo con la firma de la delegada presidencial, Daniela Dresdner, la Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible el recurso de protección de Violeta Parra Pincheira.

Pero además, la resolución acoge una orden de no innovar que paraliza la medida, permitiendo que la mujer y sus hijos puedan seguir viviendo en el lugar mientras se tramita la acción legal patrocinada por el abogado Carlos Gutiérrez Muñoz, quien explicó que la Delegación actuó arbitrariamente al decretar el desalojo, sin considerar que sus clientes y el Serviu están en un juicio por la propiedad del terreno.

El desalojo fue calificado como violento por Francisca Vivanco, hija de Violeta Parra, cuya casa es la única que no fue demolida por Carabineros, y en donde ahora están viviendo todos.

Para el Serviu se trata de un terreno tomado por la familia, lo que confían será acreditado ante la justicia, señalando el director suplente, Marcelo López, que las personas lo ocupan con un sentido más económico, pues tienen ahí un local comercial.

Con la orden de innovar, sin embargo, el Serviu no podrá tomar posesión del paño de 5 mil metros cuadrados y menos llevar adelante el proyecto inmobiliario que contempla la construcción de 200 casas.