Un negativo balance hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de las investigaciones por víctimas del estallido social en el Bío Bío, a manos de agentes del Estado.
El organismo informó que en las 295 causas abiertas, hay una veintena de formalizados y en solo una hasta ahora se logró un veredicto condenatorio.
Al cumplirse el tercer aniversario de la revuelta social, en cuyo marco manifestantes resultaron lesionados como resultado del actuar policial y de personal de las Fuerzas Armadas, el INDH hizo un magro balance sobre el trabajo investigativo para sancionar esas violaciones de derechos humanos.
La directora del instituto en Concepción, Carolina Chang, entregó el detalle sobre el resultado obtenido hasta ahora en las 295 causas abiertas a raíz de querellas presentadas por el organismo, a raíz de personas que sufrieron lesiones oculares, algunas con pérdida de visión, y otras denunciadas como torturas e incluso homicidio.
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La lentitud en los resultados fue atribuida por la jefa del Instituto de Derechos Humanos a la barrera que significó la pandemia para la realización de diligencias, pero también a la falta de personal con la que ha trabajado el fiscal Nelson Viguera, designado para esas investigaciones.
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Uno de los casos en que inexplicablemente aún el Ministerio Público no formula cargos es respecto de Alejandro Torres, camarógrafo que perdió su ojo izquierdo por el disparo de un balín percutado -según la investigación- por el mayor de Carabineros, Luis Mahuzier.
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La única condena obtenida hasta ahora por la Fiscalía fue en el caso de Manuel Rebolledo, joven atropellado por una patrulla de la Armada en Talcahuano, mientras que un carabinero llevado a juicio por el disparo a un manifestante en Concepción fue absuelto, al acoger la justicia la tesis de la legítima defensa.