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Caso Crudo Iraní: defensa de ejecutivos de ENAP acusa sesgo de la Fiscalía a días de juicio

Publicado por Manuel Cabrera
La información es de Fabián Polanco

03 septiembre 2022 | 15:35

A un sesgo por parte de la Fiscalía apuntó la defensa de los ejecutivos de ENAP acusados de delitos medioambientales vinculados a intoxicaciones en Talcahuano, Quintero y Puchuncaví en 2018, que fueron provocadas por la transferencia del crudo proveniente del Medio Oriente. Esto a solo días de darse por iniciado el juicio.

La defensa de los ejecutivos de ENAP que irán a juicio la próxima semana por delitos medioambientales insistió en la inocencia de los acusados, a pesar del sesgo con que la Fiscalía -dijo- investigó el llamado caso Crudo Iraní.

Sin embargo, admitió que será un caso complejo, considerando que tienen a la opinión pública en su contra.

El juicio debió comenzar en agosto, pero fue aplazado debido a que algunos testigos no estaban disponibles. Por eso el Tribunal Oral de Concepción reprogramó el inicio de las audiencias para el 8 de septiembre.

A solo cuatro días de la fecha la defensa de los seis ejecutivos y empleados de ENAP, acusados de propagar agentes contaminantes y de la importación de residuos peligrosos, en este caso un crudo del tipo Iranian Heavy, reiteró la total inocencia de sus representados.

El abogado Cristian Muga fue categórico y dijo que sus representados no fueron responsables ni de la emergencia ambiental ocurrida en Talcahuano ni de la que se produjo en Quintero, a donde llegaron dos cargamentos del crudo iraní entre agosto y septiembre de 2018.

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Sobre la labor del Ministerio Público, Muga dijo que hubo una fijación que quedó en evidencia cuando la fiscal regional Marcela Cartagena apuntó a sus clientes, antes de su formalización y sin que existieran pruebas en su contra.

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En relación a presiones que pudieran influir en los jueces, el abogado defensor señaló que a pesar de su confianza en poder derribar la hipótesis de la Fiscalía y obtener un fallo absolutorio, es consciente que tienen a la opinión pública en contra.

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Por la cantidad de prueba que será llevada al juicio y el número de testigos que tiene tanto el Ministerio Público como la defensa de los acusados, se prevé que las audiencias podrían extenderse durante seis meses.