Con el argumento del temor y el miedo, un fiscal de Los Ángeles rechazó la inspección de un predio ocupado en Alto Bío Bío, diligencia solicitada por los propietarios del fundo Curamallín. En la respuesta a los abogados querellantes, lo que se explicó es que las condiciones en el lugar no son seguras, agregando que la pericia no es de utilidad para la investigación.

Se trata de una causa por el delito de usurpación que se arrastra desde hace años y que tiene que ver con la toma de un terreno en el sector Infiernillo de la comuna de Alto Bío Bío, por parte de comunidades pehuenches.

La ocupación ha ido en aumento, agregándose en el último tiempo al menos 20 familias que han construido sus viviendas al interior del Fundo Curamallín, por lo que para los querellantes es necesario que se establezca la identidad de las personas que incurren en el delito investigado.

En esa línea fue la inspección solicitada al fiscal Carlos Díaz. El abogado, Santiago Wilckens, explicó que la respuesta fue negativa con el argumento del riesgo que implicaría para la integridad de quienes acompañen la diligencia.

“Consideramos que esta es una situación lamentable, porque cuando se ha excedido meridianamente a nuestras diligencias, la PDI lo único que hace es constatar desde fuera que el terreno ha sido ocupado (…) además ahora nos señala que por razones de seguridad no va a continuar, o no va a dar a lugar a nuevas diligencias de este tipo, de manera que llegamos a un punto muerto de la investigación y nos deja a nosotros como querellantes atados de manos”, indicó el abogado.

Consultada la diputada Joanna Pérez, quien preside la Comisión contra el Crimen Organizado, señaló que es un grave error del Ministerio Público ceder al miedo.

“Los motivos de seguridad que hoy día se esgrimen para no ir al terreno, significa un abandono, significa dejar a las víctimas a su suerte. Si aceptamos que un fiscal no pueda concurrir a un lugar, con toda la protección del Estado a su persona, qué queda para las víctimas”, añadió la diputada.

Pero además, el abogado del estudio Fernando Saenger, cuestionó el nulo avance de la investigación, lo que es atribuido a la negativa de las mayorías de las diligencias solicitadas como querellantes.

“Si bien el estudio interpone una querella criminal en el año 2019, esta es una causa de larga data, al punto de que en el año 2007, ya se había obtenido una sentencia penal que condenaba a dos personas por delito de usurpación no violenta por este mismo terreno”, indicó.

Desde la Fiscalía Regional del Bío Bío, a través de un breve mensaje de WhatsApp, desmintieron lo anterior y aseguraron que se ha dado curso a todas diligencias pedidas y que sólo no se ha accedido a la inspección solicitada, admitiendo las razones de seguridad, pero sin precisar las condiciones que generan ese escenario.