Mientras se sigue la espera de peritajes que confirmen o descarten la responsabilidad del único imputado hasta ahora en el caso Tomás Bravo, se mantiene la disputa entre el Juzgado de Garantía, la Defensoría y el Ministerio Público sobre la designación de un abogado para que represente a un segundo sospechoso por la muerte del niño.
En una audiencia a fines de julio la Fiscalía informó la necesidad de un curador ad litem para un individuo con sus facultades mentales alteradas y quien es hoy una persona de interés para la investigación, esto tras retomarse una arista desechada a comienzos del caso.
Entonces, el tribunal ordenó que la Defensoría Penal designara a ese abogado, de manera que pueda autorizar una pericia solicitada por el Ministerio Público y que tiene que ver con la obtención de una muestra biológica para realizar un examen de ADN al segundo sospechoso, conocido en el sector Caripilún como “El Tifus”.
A pesar de ese dictamen, hasta ahora la Defensoría no ha designado a ese curador ad litem, y para explicar por qué el incumplimiento e insistir en que debe ser la Corporación de Asistencia Judicial la que nombre al abogado, se fijó una audiencia hoy en el Juzgado de Garantía de Arauco.