A cuatro meses de la toma del fundo San Miguel en Alto Bío Bío, aún no hay querella tras el incendio de la casa patronal de la familia que habitaba el lugar.
La delegación regional había anunciado la acción legal, sin embargo, no se concretó.
Hasta marzo pasado, la familia que habitaba el fundo San Miguel de Alto Bío Bío permanecía en el lugar.
Sin embargo, a fin de aquel periodo llegó un grupo de encapuchados identificados, quienes les advirtieron que tenían tres semanas para retirarse del predio, en caso contrario, serían expulsados a la fuerza.
La acción se fundó en lo que el grupo afirmó fueron los nulos avances de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), buscando un fin de reconstrucción y liberación territorial.
Con el paso de los días la fecha se cumplió, y luego de un incendio que consumió la casa patronal, la familia compuesta por adultos y niños pequeños tuvo que retirarse del lugar.
El presidente de la Sociedad Agrícola de Bío Bío (Socabío), José Miguel Stegmeier, comentó que la familia está a la espera de los resultados judiciales tras haber presentado ellos una querella.
Sin embargo, cuestionó que el Gobierno no cumpliera con lo anunciado luego del incendio que destruyó el inmueble al interior del fundo.
“La querella presentada por don Otto es mucho más amplia, porque hay otros daños colaterales, han generado robos, botado árboles (…) hubiese sido ideal que el Gobierno hubiese colaborado con querella de incendio por lo menos”, enfatizó Stegmeier.
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Consultada la delegada presidencial regional en Bío Bío, Daniela Dresdner, confirmó que solo hay una querella y fue respecto de otro fundo, Los Chenques, donde se incendió el lugar donde pernoctaban funcionarios policiales el pasado 16 de julio.
“Respecto del fundo San Miguel no existe una querella, donde existe una querella es en el fundo Los Chenques, de todas maneras hemos estado siempre en conversaciones con las familias del fundo San Miguel”, añadió Dresdner.
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La autoridad regional agregó que el lugar mantiene resguardo policial y que respetarán lo que la Fiscalía indique, y que en paralelo se sigue trabajando con herramientas como el plan Buen Vivir para este tipo de materias, donde por este caso puntual, la familia tuvo que abandonar el lugar que por años habitaron luego de la toma del fundo.