La tragedia del Cessna 172 pilotado por Mario Hahn Cortéz (68), con cuatro pasajeros a bordo, estremeció a la zona porque los restos de los ocupantes nunca fueron encontrados pese al enorme despliegue de recursos humanos y técnicos, con hasta 500 personas.
El desastre ocurrió la tarde del domingo 6 de octubre de 2013, luego de que la aeronave despegara desde la Isla Mocha con destino a Tirúa, a bordo de la cual iban la joven Leslie Roa Sufray (27) bióloga, estudiante de un magíster en Ciencias de la Universidad de Concepción; su amigo Eric Arriagada Zúñiga (28), ingeniero; más el abogado Jorge Luengo Suazo (53) y su hijo Jorge Luengo Espinoza (26) ingeniero civil químico, ambos de Concepción.
Los familiares de los pasajeros interpusieron una demanda en 2017, cuyo fallo del Tercer Juzgado Civil de Concepción los dejó disconformes, más que por el monto indemnizatorio establecido a pagar por los hijos del piloto de 68 años, por la nula responsabilidad que se le atribuyó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo estatal encargado de velar por la seguridad de las actividades aéreas.
La causa está para ser vista a contar de este martes, indicó Rodrigo Hananías, abogado con domicilio en Santiago y especialista en derecho aeronáutico, quien representa a la familia de los pasajeros.
“El problema mayor es que absolvió de toda responsabilidad al Fisco de Chile, declarando como únicos responsables civilmente a los hijos del piloto que protagonizó el accidente, en su calidad de herederos, y condenó a estos últimos a pagar una indemizacion a los familiares de los pasajeros fallecidos”, aseveró.
“El objetivo principal de la operación de la parte demandante es que se condene al Fisco de Chile por su negligencia en la fiscalizacion de la operación de un piloto pirata, como era Mario Hahn”, dijo Hananías.
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No corresponde, agregó el jurista, absolver de toda responsabilidad al Estado de Chile estimando que el fisco debe pagar por la falta de prevención de este accidente, porque se dejó actuar por años, y sin control, a un piloto que calificó como “pirata”.
“Está acreditado en el proceso no existió por parte de la DGAC alguna medida proactiva para fiscalizar y detener al piloto que estaba operando. No es que un dia (Hahn) se haya levantado y haya decidido trasladar a civiles. Tenía armado un verdadero negocio de turismo, con aeródromo en la Isla Mocha, dentro de un negocio de hospedería familiar donde el transporte estaba incluído. Era un negocio instalado y que todo el mundo conocía, menos los que debían fiscalizarlo, que era la DGAC”, sentenció Hananías.
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La parte demandante pretende, entonces, que se complemente o modifique el fallo de primera instancia y se condene al fisco por su eventual responsabilidad.