Una querella se sumó ahora a la denuncia inicialmente presentada contra el fiscal Nelson Vigueras, a cargo de la indagatoria por la muerte de un comunero mapuche en Cañete y en la cual hay dos marinos imputados. La acción legal es patrocinada por el ex director de la ANI, Gonzalo Yuseff, en representación de un sargento de la Armada interrogado en la causa.
En abril se presentó una denuncia en contra del persecutor por el delito de apremios ilegítimos, en relación a presiones de las que habría sido blanco el sargento Milton Cabello, en el marco de un interrogatorio.
Esto ocurrió previo a la formalización de los uniformados imputados. Estos son el teniente Luis Videla y al cabo Ricardo Seguel.
La querella es patrocinada por el exfeje de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) durante el gobierno de Sebastián Piñera, Gonzalo Yussef, quien ingresó la acción legal.
Esta presentación ya fue admitida a trámite por el Juzgado de Garantía de Concepción y derivada a la fiscal regional de Ñuble, Nayareth Mancilla, designada por el fiscal nacional a cargo de esta investigación.
“No le preste ropa al resto”
Radio Bío Bío de Concepción accedió a la mencionada querella, en la que se señala que el 20 de abril, en presencia del fiscal y cuatro miembros de la PDI, el sargento Cabello declaró por cerca de tres horas.
En dicha instancia, continúa la acción legal, se indica que el fiscal Vigueras fue “hostil con la víctima, amenazando al Sargento Cabello con que estaba exponiendo su carrera naval al tratar de ocultar información”.
Luego le dijo, indica la versión del marino, que si no declaraba lo que él quería escuchar, lo podían acusar de obstrucción a la investigación, ya que, supuestamente, estaban identificados todos los involucrados en el procedimiento que terminó con la muerte del comunero Llempi.
En la querella también se estampan acusaciones contra el personal de la Policía de Investigaciones presente en el momento de la declaración, señalando que insistían en decirle que hablara y no ocultara información, puesto que “sólo los tenientes tenían abogados y él estaba solo”, enfatizando en que “no matara su carrera”.
En un momento el fiscal salió junto a uno de los funcionarios de la PDI, pero al volver habrían continuado con las presiones, dice la querella, donde le dijeron “pero ayúdese, usted no se está ayudando, no le preste ropa al resto”.
Todo lo anterior produjo que el sargento sintiera angustia, que fue vulnerado en sus derechos y apremiado ilegítimamente, indicó el abogado. Además, señala que “estos tratos vejatorios y amenazantes estuvieron en todo momento acompañados por actitudes, dichos, gestos y posturas inapropiadas, dirigidas a mi representado”.
Finalmente, consignan que durante el interrogatorio le mostraron registros parciales de imágenes de video del día 3 de noviembre de 2021, misma jornada en la que murió el comunero. “Tanto el Fiscal como los cuatro policías le leían una serie de nombres y le pedían que los ratificara. Mi representado no estaba en condiciones de hacer esos reconocimientos”, consignó el abogado.