El Servicio de Impuestos Internos (SII) descartó que haya dejado de fiscalizar ilícitos tributarios vinculados a la comercialización de madera en la Macrozona Sur.
Precisó que en materia de persecución penal ha presentado a la fecha 16 querellas por delitos ligados al rubro de la producción y comercialización de madera, por un perjuicio fiscal histórico superior a los $5.600 millones.
Ello, luego que el gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, acusara al Servicio de no continuar siguiendo la “ruta del dinero” vinculado al robo de madera en la zona desde predios forestales.
El Gobierno por su parte -en voz de la vocera Camila Vallejo- calificó de “graves” las acusaciones del gobernador y que pediría antecedentes al respecto.
En medio de ese contexto, el Servicio emitió un comunicado en el cual descartó que haya dejado de efectuar labores de fiscalización en la materia.
Recordó que el uso de facturas falsas en el rubro “ha sido y sigue siendo un foco relevante del trabajo desarrollado en las zonas forestales”.
El organismo precisó que el flagelo consiste básicamente “en la comercialización de madera de origen ilegal, supuestamente extraída desde predios inexistentes, y en la emisión de las respectivas facturas falsas, dado que el objetivo final de este esquema fraudulento desde el punto de vista tributario sería la evasión del IVA y del Impuesto a la Renta, así como la obtención indebida de la devolución del IVA a las exportaciones”.
En los últimos años, afirmó el SII, ha estado trabajando “decididamente en el desarrollo de diversas estrategias para hacer frente al fenómeno, especialmente en la zona de la Octava Región, tanto desde el punto de vista de la fiscalización como de la persecución penal de los delitos tributarios, que son cometidos por verdaderas mafias organizadas”.
Querellas criminales
En materia de persecución penal, el Servicio detalló que ha presentado a la fecha 16 querellas por delitos tributarios vinculados al rubro de la producción y comercialización de madera, por un perjuicio fiscal histórico superior a los $5.600 millones.
De hecho, precisó en su comunicado que “la última querella fue presentada el 30 de marzo recién pasado en el Juzgado de Garantía de Cañete, cuyo estado actual corresponde a una investigación desformalizada a cargo de la Fiscalía Regional del Bío Bío”.
“La presentación de querellas por delitos tributarios por parte del SII ha sido clave para orientar la investigación en la identificación de las redes criminales, su funcionamiento y sus partícipes, así como para hacer la trazabilidad de la madera, desde el origen hasta la cadena de comercialización”, aclaró.
Por último, subrayó que ha continuado el trabajo de auditorías en los casos seleccionados para revisión que puedan estar involucrados en estos delitos, labor que se ha mantenido “de manera remota incluso durante el periodo de emergencia sanitaria”.