Tras varias horas, la Policía de Investigaciones logró detener a los dos funcionarios de la Armada, a quienes la Fiscalía imputa el homicidio del joven Yordan Llempi, durante el Estado de Excepción en noviembre del año pasado en la provincia de Arauco, esto a casi 23 horas desde que se emitió la orden de captura en su contra.

Asimismo, se apuntó al removido jefe de la defensa del Estado de Excepción en el Bío Bío, Jorge Parga, como el responsable de la demora en la entrega de los marinos.

El procedimiento en cuestión comenzó a eso de las 16:00 horas de este lunes, cuando el Juzgado de Garantía de Cañete acogió la solicitud del fiscal Nelson Vigueras, quien está a cargo de la indagatoria por la muerte del joven comunero.

Ante ello, la policía civil intentó por alrededor de 23 horas el cumplir con concretar la orden de detención contra del teniente Luis Videla y el cabo Ricardo Seguel San Martín.

Extraoficialmente, se precisó que personal de la Brigada de Homicidios llegó ayer a la Base Naval de Talcahuano para hacer cumplir la orden judicial, lo cual no se concretó, estableciéndose un compromiso por parte de la Armada para entregar a los dos funcionarios la mañana de este martes.

Fuentes de Radio Bío Bío precisaron que siguen las conversaciones para que se realice la acción.

Por su parte, Carolina Chang, jefa regional del INDH en el Bío Bío, indicó que la investigación del Ministerio Público tiene “antecedentes contundentes” para acreditar la existencia del delito que se acusa.

A su vez, la determinación del fiscal Vigueras de formalizar por el delito de homicidio se debe -entre otros ítemes- a los videos obtenidos de las cámaras GoPro que portaban al momento del procedimiento y supuesto enfrentamiento, donde se da cuenta de la dinámica de los hechos.

Incluso, según antecedentes de La Radio, existe un audio donde se escucha al cabo Ricardo Seguel San Martín reconociendo haber dado de baja a un comunero, mientras que la responsabilidad del teniente Videla sería por haber dado la orden de disparar.

Según pericias de la PDI, fueron disparadas 170 municiones de guerra por parte del personal de la Armada durante el procedimiento en cuestión.

La delegada Presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, se refirió al actual panorama, acotando que no puede hablar sobre trascendidos, precisando que la detención “se va a lleva a cabo”.

Por parte de la Armada, su argumento para no entregar a los uniformados es que la policía civil no tendría competencia al interior de la Base Naval para la detención de persona alguna, sosteniendo que es la policía naval la que debería hacerse cargo del procedimiento, con lo cual no está de acuerdo la PDI.

A su vez, el diputado ecologista, Félix González, señaló que llevará este tema a la Comisión de Defensa, donde se analizará la solicitud de renovación del Estado de Excepción por parte del Gobierno.

El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, defendió el actuar de la Armada, acotando que con la misma premura que se está actuando en esta ocasión es que el Ministerio Público debería perseguir a quienes protagonizan actos de violencia en la zona.

Finalmente, es el jefe de la Segunda Zona Naval de Talcahuano, Jorge Parga, quien estuvo a cargo de las conversaciones respectivas, oponiéndose con los argumentos ya mencionados a personal de la Policía de Investigaciones.