La justicia laboral acogió la demanda presentada por un destituido empleado de la DAEM de Talcahuano, declarando injustificado el despido y ordenando el pago de más de 50 millones de pesos como indemnización.

El fallo será llevado al Juzgado de Garantía, donde próximamente se realizará el juicio por el fraude que en paralelo enfrenta el ex funcionario Juan Carlos Escribá.

Se trata de una arista distinta a la penal por el fraude que el año 2019 la Contraloría destapó en la Dirección de Educación de la Municipalidad de Talcahuano, y por el cual cuatro funcionarios fueron destituidos y formalizados por la malversación de más de 200 millones de pesos.

Uno de esos empleados es Juan Carlos Escribá, quien presentó en el Juzgado del Trabajo de Concepción una demanda, denunciando como injustificado el despido, acción legal acogida por el tribunal al determinar que el ex funcionario fue engañado por los superiores que maquinaron el fraude, según explicó el abogado Braulio Engelberger.

Por eso y al estimar que el demandante no tuvo ninguna participación en la malversación de caudales público, la justicia laboral ordenó al municipio del puerto pagar una indemnización de casi 53 millones de pesos, resolución que será revisa por la Corte de Apelaciones de Concepción a través del recurso anunciado por la abogada jefa de la Dirección Jurídica, Alejandra Donoso.

Los dos principales responsables del fraude, según el Ministerio Público, ya fueron condenados a 5 años de libertad vigilada, sanciones obtenidas por la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo.

En el caso de Juan Carlos Escribá, el juicio simplificado está fijado para el próximo 4 de julio en el Juzgado de Garantía, ante el cual ya adelantaron sus abogados, llevaron como argumento para pedir la absolución la sentencia del Juzgado del Trabajo.