Igual como lo hicieron anteriores gobiernos, el de Gabriel Boric comenzó la revisión de los cargos designados por el Servicio Civil, tras un proceso que debe analizar las cualificaciones técnicas de los postulantes a cargos en la administración pública, independiente de sus vínculos políticos.

En ese marco es que ya se le solicitó la renuncia a la militante de la UDI, Claudia Hurtado, como directora regional del recién creado servicio Mejor Niñez (exSename), decisión criticada por el diputado del mismo partido, Sergio Bobadilla, acusando el daño que el gobierno hace al Sistema de Alta Dirección Pública.

“Creo que el sistema no está fallando. Quienes lo están vulnerando son las nuevas autoridades, quienes no han respetado los concursos que se han hecho y a quienes pasaron por un proceso riguroso de selección. Ellos son quienes han sido designados y este gobierno, desconociendo esos resultados, le hace un grave daño a este proceso de Alta Dirección Pública”, aseveró el parlamentario.

En la mira también estaría el cargo de la Dirección Regional del Sename y que ocupa el RN Robert Contreras, a pesar de la buena opinión que tienen los gremios de funcionarios del organismo.

Sin embargo, el dirigente Cristian Araya discrepó de la opinión del diputado Bobadilla, pues subrayó que siempre la Alta Dirección selecciona siempre a personas del oficialismo en turno, a pesar de los requisitos técnicos del proceso.

“Los términos no se respetan. Quienes son postulados a la Alta Dirección Pública al final terminan siendo del mismo sector que están en el gobierno en ese momento, lo que no permite que se elijan los mejores, sino que lleguen los mismos cuando su sector político es el que está en el gobierno”, afirmó Araya.

Los concursos en el Servicio Civil tienen un costo altísimo pues se contrata consultoras, pero además importa un pago importante en indemnizaciones por parte del Estado cuando las personas son desvinculadas antes de concluir su período.

Por eso, el presidente regional de RN, Claudio Eguiluz, propuso eliminar la Alta Dirección y volver al sistema anterior que nombraba a operadores políticos.

“Hay que analizar este tema y, en una de esas, para ahorrarnos recursos, es mejor eliminar este proceso y dejarlo como era antes: que asuma un presidente y que todos los cargos sean solamente de operadores políticos y nadie de Alta Dirección Pública. Así nos ahorramos estos recursos y no engañamos a la gente que se somete a estos concursos”, consignó Eguiluz.

En promedio, cada concurso por Alta Dirección Pública tiene un valor de 7 millones de pesos y el despido antes de tiempo de un funcionario seleccionado a través de este servicio implica el pago de siete sueldos mensuales como indemnización.