La Fiscalía dio protección a una familia cuyo fundo fue tomado en Alto Bío Bío, región del Bío Bío, donde un grupo de encapuchados los amenazó para que dejaran su casa. La intimidación quedó registrada en video.
A pesar de haber hecho la denuncia el mismo día sábado tras la toma del fundo San Miguel, recién este jueves el Ministerio Público habría emanado una medida de protección para el grupo familiar.
Amenazan a familia para dejar su casa en Alto Bío Bío
Durante esta semana los habitantes del lugar han convivido con la advertencia de tener sólo tres semanas para irse, lo que quedó registrado en un video grabado por ellos.
“Lo vamos a dejarlo en que usted lo toma o lo deja. Sale por las buenas, o sale por las malas”, afirmó el vocero de los encapuchados.
Tras aquel día han sido reiteradas las ocasiones en que han entablado un diálogo con las cerca de 20 personas que llegaron al fundo San Miguel.
El presidente de la Sociedad Agrícola de Bío Bío (Socabio), José Miguel Stegmeier, explicó que ha colaborado, ya que se trata de agricultores que desde unos 50 años viven en la zona y que además ya han sido atacados.
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Stegmeier comentó que el mismo sábado, cuando inició la toma, se presentó la denuncia ante Carabineros para seguir con el protocolo de resguardo a la familia.
“Aquí lo que falta es una acción del Estado. No es de ahora”, afirmó.
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La delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, se refirió a esta situación comentando que la Fiscalía está al tanto de la urgencia que el caso merece.
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Desde la Fiscalía se informó que tras realizar una petición, las víctimas disponen actualmente de una medida de protección, que según fuentes de Radio Bío Bío, se habría emanado este jueves.
A su vez, se indicó que si bien han existido reuniones con las delegadas, tanto regional como provincial, también se acudió a la embajada Suiza con el objetivo de conseguir mayor apoyo. Se consideró a la institución, puesto que la familia llegó hace décadas desde ese país.
Tomas de terreno en Bío Bío
El subsecretario del interior, Manuel Monsalve, en una visita a Los Ángeles, se refirió a estos hechos diferenciando la labor que debe hacer el Ejecutivo y el poder judicial.
“Frente a una amenaza, a un delito, el que debe actuar es el Ministerio Público. El gobierno tiene la obligación de hacer todo lo que está a su alcance para que la seguridad de las personas se protega”, aclaró.
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Monsalve dijo además que estos hechos tienen dos aristas, donde en primer lugar hay una persona que es propietaria de un terreno, pero también existe una demanda detrás en cuanto a la recuperación de tierras que debió canalizar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Conadi, un proceso que dijo fue “inoperante”.
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El subsecretario del Interior insistió en que las decisiones de medidas de protección o desalojo no están en manos del Gobierno, sino que debe provenir del Ministerio Público.