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La Fiscalía negó la protección a un predio tomado por comunidades mapuche en Cañete, región del Bío Bío. Las razones de la decisión molestaron a la Fundación de Víctimas de la Macrozona Sur, desde donde tacharon el hecho como "impresentable". En tanto, la propietaria argumenta que el terreno pertenece a su familia desde hace cerca de 100 años.
El Ministerio Público negó la protección solicitada por la dueña de un terreno en Cañete, el que en la semana fue tomado por comunidades mapuche.
Desde la Fiscalía se explicó que las medidas de seguridad se dan en delitos más graves y menos cuando los dueños no viven en la propiedad usurpada.
La decisión fue cuestionada por víctimas de la violencia en la provincia de Arauco.
Niegan protección en terreno que fue tomado en Cañete
Fue hace una semana cuando se produjo la toma de un terreno en donde se comenzaría a construir un conjunto habitacional en la comuna de Cañete, región del Bío Bío.
La propietaria del paño, Marcela Ramírez, informada de lo ocurrido intentó pacíficamente, aunque sin éxito, que los representantes de las comunidades mapuche depusieran la ocupación. La mujer subrayó en la escritura que hace 100 años tiene como dueña de la tierra.
De inmediato y junto a la denuncia por usurpación, la mujer pidió al Ministerio Público protección para el predio, a través de rondas policiales, lo que fue negado por el fiscal Danilo Ramos.
Consultado sobre la respuesta, Ramos explicó que las medidas de seguridad apuntan a víctimas de delitos más graves como los robos, las amenazas o los incendios, pero no para las tomas y menos cuando los dueños de los terrenos no vivan en ellos.
“Impresentable”
El presidente de la Fundación de Víctimas de la Macrozona Sur, Fernando Fuentealba, calificó como “impresentable” la explicación de la Fiscalía, asegurando que ni siquiera para los hechos de gravedad se está otorgando protección, lo que demuestra el fracaso del Estado en el sur de la provincia.
“El problema de la violencia, del narcoterrorismo es un problema de Estado”, manifestó.
El fiscal Ramos explicó que ante delitos flagrantes como la usurpación, Carabineros debe actuar sin consultar al Ministerio Público y que es a partir de ese procedimiento que interviente el organismo persecutor.
