Una pareja de hermanos de la tercera edad se querelló por estafa contra los representantes de un Comité de Allegados, contra una Egis y el abogado que intervino en la venta de un terreno en el sector Palomares en Concepción, región del Bío Bío.

La denuncia es que se les engañó al asegurarles que la compra por 300 millones de pesos se cancelaría con dineros del Serviu.

Este caso afecta a los hermanos Juan y Sofía Valverde. Ellos el año 2018 fueron consultados por un paño de una hectárea de su propiedad y que habían recibido como herencia de sus padres.

Proyecto habitacional

Juan y Sofía fueron contactados por la dirigenta del Comité de Allegados Fe y Esperanza, además de la Egis Credy Hogar. Ellos les ofrecieron adquirir el terreno ubicado en el sector Palomares de Concepción y que serviría para un proyecto habitacional ante el Serviu; un negocio por un total de 450 millones de pesos.

La misma Egis sugirió a los modestos hermanos la asesoría del abogado Fernando Soto.

Sin entender mucho y actuando de buena fue, Juan y Sofía Valverde firmaron una escritura de compraventa por 300 millones de pesos, recibiendo sólo la diferencia de 150 millones, asegurándoles que el monto pendiente sería cancelado con subsidios del Serviu, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Esto es lo que señalaron los afectados sobre la situación que viven hace cuatro años.

“Nosotros necesitábamos vender la propiedad porque ya estamos viejos, lo necesitábamos para subsistir”, indicó Juan.

En tanto, Sofía señaló que “fuimos estafados para un proyecto de viviendas, para personas que no tenían casa. Nosotros de buena fe firmamos la compraventa”.

Presentan querella ante la Fiscalía

A fines del año pasado se hicieron asesorar por el abogado Ignacio Sapiaín, quien tras recopilar los antecedentes determinó que se estaba frente a una estafa y por eso la presentación de la querella en la Fiscalía.

El Serviu se pronunció sobre el caso, asegurando el director Samuel Domínguez, que no hay ningún proyecto asociado al Comité de Allegados y que además el organismo no interviene en las transacciones mencionadas.

Finalmente, el abogado Fernando Soto, el principal querellado no sólo por estafa sino también por prevaricación, señaló que no podía referirse a las acciones legales, pidiendo tiempo para recopilar los antecedentes.