El caso por el fraude en la Dirección de Administración de Salud Municipal (DAS) de Talcahuano, en la región del Bío Bío, irá definitivamente a juicio. La investigación fue abierta el año 2019 cuando la Contraloría detectó la pérdida de cerca de 400 millones de pesos.
De esta manera, los cuatro acusados enfrentarán la justicia privados de libertad, tres en la cárcel y un cuarto en su domicilio.
Caso por fraude en la DAS de Talcahuano irá a juicio
A las 09:00 horas comenzó en el Juzgado de Garantía de Talcahuano la preparación del juicio por el millonario fraude al interior de la DAS,
En la indagatoria fueron investigados y acusados tres funcionarios de la repartición, además de la pareja de uno de los empleados municipales.
La Fiscalía entregó todas las pruebas recopiladas en los dos años que duró la investigación y en cuyo marco el alcalde Henry Campos se hizo parte de una querella, según recordó la abogada de la Dirección Jurídica del municipio, Alejandra Donoso.
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Destitución de funcionarios por fraude al DAS
Tras el sumario de la Contraloría que detectó la pérdida de más de 400 millones de pesos, fueron destituidos el ex jefe de Finanzas de la DAS, Alejandro Cabello; el ex jefe de Proyectos, Pedro Paredes; Nubia San Martín, ex funcionaria de la repartición municipal, además de su pareja, Pedro Ravanal.
La directora jurídica suplente informó que esas sanciones se encuentran firme desde hace tiempo y que actualmente se está notificando una nueva destitución a Alejandro Cabello y Nubia San Martín, esto en el marco de una segunda investigación administrativa solicitada por la Contraloría.
“Se efectuaron nuevas notificaciones respecto de ellos con la finalidad de que las inhabilidades para ejercer cargos públicos se ejercieran o se contabilizaran desde este nuevo plazo”, explicó.
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Los acusados esperarán el juicio privados de libertad. Los ex funcionarios de la DAS en prisión preventiva en el penal Bío Bío y en El Manzano, mientras que Pedro Ravanal lo hará desde su hogar, donde cumple arresto domiciliario total.
Todos arriesgan hasta 27 años de cárcel en caso de ser declarados culpables de malversación de caudales públicos.