Penas por debajo a las solicitadas por el Ministerio Público y otros querellantes, entre ellos la Municipalidad de Quintero, pidió el Consejo de Defensa del Estado en contra de los ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) acusados como responsables de delitos ambientales en el denominado Caso Crudo Iraní.

A través de un escrito de 172 páginas, el organismo -en calidad de querellante- estimó en 3 años y un día de cárcel la sanción que deben recibir los ejecutivos de la Refinería de Concón.

Lo anterior, a raíz de la emergencia vivida en Quintero, Puchuncaví y Ventanas en agosto del año 2018, esto muy por debajo de los cinco años de presidio solicitados por la Fiscalía y los otros querellantes.

Consultado al respecto, el jefe del organismo en Concepción, Georgy Schubert, implícitamente dio a entender que discrepan con la Fiscalía en el máximo de la sanción a aplicar a los empleados de Enap, pero compartiendo la gravedad de los delitos ambientales investigados y acreditados.

Entre los querellantes hubo distintas reacciones, algunos extrañados por la postura del Consejo, mientras que otros, como el abogado Vicente Arias, por la Municipalidad de Quintero, le restó importancia a la decisión del organismo e incluso descartando que la distinta acusación pueda tener un efecto negativo ante los jueces.

En la misma línea se manifestó el jefe del Consejo de Defensa, subrayando en que finalmente será el Tribunal Oral el que imponga las sanciones.

Sin embargo, por el episodio de contaminación en Talcahuano a raíz del trasvasije del crudo iraní en la bahía de Concepción, el Consejo de Defensa del Estado coincide con el Ministerio Público y los otros intervinientes, solicitando cuatro años de cárcel para los gerentes de Enap en la refinería Bío Bío.

Con esta acusación del CDE, ingresada en el Juzgado de Garantía, se completa el proceso previo a la preparación del juicio oral en contra de los seis ejecutivos de Enap, la que está programada para el próximo 7 de marzo.

Tras aquello, la causa llegará al Tribunal Oral de Concepción, que debería fijar para abril o mayo el inicio del procedimiento contra los acusados.