Logran acuerdo para 6 menores por daños en la UdeC: aplazan para marzo la preparación de juicio oral

Nuevamente fue aplazada la preparación del juicio contra los 12 acusados por los destrozos registrados en la Universidad de Concepción, en la región del Bío Bío, entre febrero y marzo de 2020, conociéndose que de ellos seis menores de edad irán a un procedimiento abreviado.

En medio del debate para aplazar la audiencia, la Defensoría deslizó el factor político que podría cambiar el rumbo de la causa, argumento que fue rebatido por el tribunal.

Más de tres horas tomó al Juzgado de Garantía resolver las solicitudes de los abogados que representan a los imputados en esta causa, relacionada con las protestas que se sucedieron entre febrero y marzo de 2020 en las inmediaciones de la Plaza Perú y que se extendieron a la Universidad de Concepción, ocasionándose graves daños al patrimonio de la casa de estudios.

El principal argumento de los defensores fue que no conocían todas las pruebas con que la Fiscalía intenta llevar a juicio a sus clientes, principalmente videos de cámaras de seguridad, necesarios para poder hacer su trabajo.

Procedimiento abreviado para menores

Como parte de la discusión se informó además de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público y los abogados de los seis jóvenes menores de edad para no llevarlos a un juicio oral y terminar la causa con procedimientos abreviados que disminuirán las sanciones solicitadas originalmente y que llegaban a los 7 años de privación de libertad en centros de internación del Sename.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando la defensora penal jefe de Concepción, Sandra Betancourt, deslizó -como argumento para pedir una nueva fecha de audiencia- el próximo cambio de gobierno.

La alusión indirecta de la abogada defensora a factores extrajudiciales que podrían incidir en el llamado caso UdeC no cayó bien en la magistrada Carolina Llanos, quien subrayó en la independencia del trabajo de los tribunales, ajeno a la contingencia política.

No obstante lo anterior, la jueza se allanó a posponer la audiencia para los 12 imputados, a pesar de la disposición para realizar el procedimiento abreviado que tenía el defensor de dos de los menores imputados, Lorenzo Morales, quien también -al apuntar a la postura del gobierno como querellante- aludió al componente político que se ha inyectado a la investigación.

Así, con la oposición de algunos defensores que insistían en la fecha del 8 de junio de 2022 para la audiencia, la jueza Llanos agendó para el 10 de marzo próximo la preparación del juicio oral para los seis acusados adultos y los procedimientos abreviados para los seis menores.