Los menores acusados por los daños a la Universidad de Concepción, región del Bío Bío, esperarán en total libertad y con una cautelar menor la preparación del juicio oral. La Delegación Presidencial cuestionó que la Corte de Apelaciones rechazara el recurso presentado, a través del cual pedía reponer el arresto domiciliario.
Hace unos días el Juzgado de Garantía había rebajado la medida cautelar que cumplían los cuatro menores, reemplazando el arresto domiciliario nocturno por la prohibición de acercarse al campus de la Universidad de Concepción.
La Delegación Presidencial como querellante apeló de esa resolución y esta mañana la Corte de Concepción revisó el recurso y determinó por un voto de mayoría, es decir, con un voto en contra, que los imputados podrán esperar en libertad la preparación del juicio oral.
El abogado del Gobierno, Enrique Hernández, señaló que buscaban reponer la cautelar, pues la medida que prohíbe a los menores acercarse al campus de la casa de estudios es difícil de cumplir.
“Ordenar que no se acerquen al campus, que todos sabemos que tienen todos sus contornos abiertos para entrar todos los días del año y a toda hora del día, por cierto que será de dificil cumplimiento y de difícil fiscalización”, señaló.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
Recordar que en este caso son 12 los acusados por los destrozos que sufrió la Universidad de Concepción durante protestas entre febrero y marzo de 2020, respecto de los cuales se ha pedido al plantel retirar la querella presentada.
Al respecto, el rector Carlos Saavedra señaló que como querellantes dejarán que el proceso continúe.
“Estamos disponibles a dar todos los pasos que ha dado la justicia y estamos disponibles en cualquiera de los escenarios a cumplir esta acción”, dijo.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
La audiencia de preparación del juicio oral está programada para el próximo 21 de diciembre, oportunidad en la que podrían conocerse acuerdos de las defensas con el Ministerio Público para procedimientos abreviados que permitan penas por debajo de las solicitadas por el fiscal Guillermo Henríquez, en algunos casos de hasta 10 años de cárcel.