El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, rechazó categóricamente la toma registrada el martes en la Casa Enrique Molina Garmendia, recordando que los hechos acontecidos a inicios de 2020 fueron “gravísimos”.

Además, confirmó la reunión con dirigentes de la FEC, pero aclaró que el encuentro se realizó una vez que los estudiantes abandonaran la rectoría.

En una actividad con el gobernador regional Rodrigo Díaz, se le consultó a Saavedra respecto a la ocupación ilegal de la rectoría de la Universidad de Concepción, medida de presión que fue rechazada por el rector.

Saavedra admitió la reunión con dirigentes de la FEC, quienes demandaban el retiro de la querella contra 12 jóvenes acusados por los daños a la casa de estudios el año pasado, pero aclaró que el encuentro se realizó sólo una vez que los ocupantes abandonaron la Casa Enrique Molina.

En la instancia, aseguró que “le manifestamos nuestra sorpresa y repudio por este tipo de acciones”.

Sobre el apoyo de los alumnos de la casa de estudios a jóvenes no universitarios, el rector no quiso pronunciarse, sólo señalando la libertad de la FEC de apoyar a quienes estimen necesario.

Eso sí, recalcó que “no es oportuno, adecuado o aceptables es que se produzcan ocupaciones de dependencias universitarias”.

Si bien tras la reunión representantes de la Federación de Estudiantes aseguraron que Carlos Saavedra se comprometió a reunirse con las familias de los imputados, el rector precisó que ese encuentro sólo será para explicar la postura del plantel sobre una cuestión que dijo fue de la máxima gravedad, con la destrucción de importante patrimonio universitario.

“Fueron hechos gravísimo entre el 31 de enero de 2020 y los primeros días del mes de marzo, y ese hecho consecutivo, organizado, la muestra más palpable de la barbie que ocurrió en esos días fue la decapitación de la escultura denominada eco”, recordó la autoridad universitaria.

Se infiere a partir de las palabras del rector que la Universidad de Concepción no retirará la querella y seguirá siendo parte de una causa que está ad portas de un juicio oral, en el que los acusados enfrentan penas de hasta 10 años de cárcel efectiva por delitos que van desde el porte de armas prohibidas, al lanzamiento de bombas molotov, la destrucción de Monumento Nacional, desórdenes y daños.