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Mientras el sector pesquero artesanal se manifestaba en Lota y Coronel, representantes de la pesca industrial llegaron hasta la Gobernación Regional del Bío Bío para insistir con el rechazo a la ley que busca terminar con el arrastre de la merluza y que se reponga la extracción de la jibia para la industria.
Dirigentes de trabajadores de la industria pesquera llegaron hasta el Gobierno Regional, donde pidieron la anulación de la que llaman “ley del hambre” o ley de la jibia que entró en vigencia hace dos años.
Pedro Martínez, presidente de la Asociación Gremial de Armadores Históricos Pelágicos, que agrupa a 120 armadores, dueños de lanchas y donde trabajan más de mil 300 personas, dijo que además ahora deben hacer frente a intentos de despojarles de la merluza.
También en el Congreso se han manifestado voces que advierten de las consecuencias de que se apruebe un nuevo proyecto que golpearía con fuerza a la región del Bío Bío.
José Ramírez, dueño de la pesquera San Lázaro y del único barco que fue reconvertido a línea de mano para capturar jibia, envió una carta a la Comisión de Pesca, comentando su experiencia, que anteriormente detalló en exclusiva a La Radio, y que habla de fracaso y de una deuda actual de 10 millones de dólares.
La carta, que fue leída en la comisión, pero que su presidente el diputado Jorge Brito no comentó, relata que pesquera San Lázaro es un emprendimiento surgido en Coronel y dedicado de manera exclusiva a la captura de jibia, no tiene participación de grandes compañías o grupos económicos como las 7 familias a las que se atribuye la propiedad del mar.
Por eso, aseguró que la ley de la jibia destruyó una actividad productiva que era próspera, por lo que pide iniciar una discusión que permite devolver a la industria pesquera la posibilidad de capturar el recurso mediante el arrastre.
