En la audiencia de este lunes, el Juzgado de Garantía acogió la presentación del abogado Enrique Hernández, en la que relataba el incidente de entorpecimiento que le impidió, por motivos de salud, hacerse parte de la acusación particular en el plazo estipulado, en representación de la delegación presidencial del Bío Bío.

De acuerdo a lo informado por el mismo jurista, pues el tribunal impidió que Radio Bío Bío Concepción tuviera acceso a la audiencia, se tuvieron en cuenta las razones esbozadas, por lo que el Gobierno se mantiene en la causa.

El delegado presidencial, Patricio Kuhn, calificó como “muy graves” los hechos ocurridos en la casa de estudios, indicando que dañaron patrimonio de todos los penquistas.

En tanto, algunos abogados de la defensa de los 12 implicados señalaron que intentaban alcanzar una salida alternativa con la víctima y principal querellante, la Universidad de Concepción, haciéndolo a sólo horas de que se iniciara la preparación de juicio oral fijada para mañana.

Debido a esto y a que los representantes de los imputados hicieron ver que con la incorporación de la delegación regional se sumaba un nuevo querellante, el tribunal postergó para el 23 de noviembre la preparación del juicio. De esta manera, en la audiencia de mañana sólo se va a revisar la medida cautelar de uno de los jóvenes.

Otro hecho relevante respecto de este caso tendrá lugar esta tarde, cuando se reúna el directorio de la Universidad de Concepción que va a sesionar extraordinariamente para analizar el acuerdo que se está gestando con los imputados y que ha causado gran polémica.

En los últimos días, algunas organizaciones vinculadas a la universidad, colectivos gremiales y agrupaciones de derechos humanos, manifestaron su respaldo a la rectoría de la UdeC en lo que llamaron la búsqueda de espacios de diálogo con los jóvenes imputados.

También un grupo de seis convencionales constituyentes, entre ellos Hugo Gutiérrez, pidieron al rector y al directorio de la institución, reconsiderar su actuar respecto de estas personas. Tania Madriaga, socióloga y exalumna de la casa de estudios, así lo expresó.

“Quisiera pedirle al directorio de la Universidad de Concepción que busque la negociación y el diálogo con las familias pra llegar a un acuerdo mutuo que no signifique condenar a la cárcel a 12 jóvenes”, manifestó.

Quienes apoyan a los imputados dicen que este caso involucra a un grupo reducido de jóvenes de los sectores más vulnerables de la sociedad y que mientras estuvieron en prisión, padecieron vulneración de sus garantías fundamentales.

La Fiscalía, tras un año de investigación, los identificó como responsables de los desmanes ocurridos entre febrero y marzo de 2020 en el campus de la Universidad de Concepción, y presentó una acusación por un centenar de delitos.