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A solicitud de la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, fue suspendida la transmisión de la audiencia por el caso Tomás Bravo, ordenando la jueza de Garantía de Arauco, Perla Roa, bajar la señal de la página poderjudicialtv.cl, y además decretando la salida de los periodistas que estaban conectados a través de la plataforma Zoom.
Se trata de una insólita medida contra la libertad de información, pero fundamentada por la persecutora en que ese derecho colisiona con el que protege la dignidad de las víctimas de delitos, en este caso el pequeño desaparecido y encontrado muerto en el sector Caripilún de la comuna de Arauco.
A la petición del Ministerio Público se sumó la Defensoría de la Niñez, y también la Fundación Amparo y Justicia, ambos como querellantes, en una situación que ocurre por primera vez en el marco del caso y solicitándose además que se prohíba la divulgación a los medios de los antecedentes que se entregarán al tribunal.
Solo se opuso a la audiencia secreta la Defensoría Penal, recordando el defensor Pedro Aguilera que los antecedentes del caso -que según la fiscal Cartagena podrían afectar a la familia de Tomás- ya son conocidos por la opinión pública.
“Concordamos de que hay que proteger la honra y la integridad de quien figura como víctima, sin embargo, creemos que dada la naturaleza del proceso, se transmitió en su principio la formalización, el control, los alegatos en la corte. La verdad que poco y nada queda de cosas que no se deban informar o que no puedan ser de público conocimiento”, expuso.
En esa línea, añadió que “esta sintonía con la protección de la dignidad de quien figura como víctima con el derecho a ser informado y la publicidad de los procesos, es una garantía que es transversal”, expresando además que “no hay una colisión entre esta protección y la transmisión, al contrario, las herramientas están si se suspende al momento de exponer algún antecedente que pueda ser vulneratorio. Ya se hizo en otras oportunidades”.
En la audiencia, el Ministerio Público está pidiendo la ampliación del plazo de investigación, mientras que la Defensoría busca que se decrete el sobreseimiento de Jorge Escobar, el tío abuelo del niño y único imputado hasta ahora en el caso, y sobre quien persisten las sospechas según los últimos peritajes obtenidos por la Fiscalía.
Búsqueda de Tomás
Tras la desaparición de Tomás, el pasado 17 de febrero, se realizó un amplio operativo para dar con su paradero. En la búsqueda se desplegaron diversos recursos que incluyó a la FACh, que dispuso un nuevo servidor llamado “Búsqueda Tomás”, dedicado especialmente para la operación.
La desaparición del menor causó gran revuelo en la comunidad, quienes se trasladaron hasta la vivienda para realizar una búsqueda, siendo desalojados del sector por entorpecer los trabajos de las policías.
En un momento, se barajaron 4 hipótesis respecto a la desaparición y posteriormente el fiscal decretó secreto de la carpeta de investigaciones.
Incluso, se llegó a hablar de la posibilidad de que un puma fuera responsable por la desaparición del niño, por lo que SAG instaló cámaras para poder detectar en qué lugar podría habitar el animal.
Posteriormente, el persecutor que en ese momento estaba a cargo del caso, el fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, formalizó al tío abuelo, Jorge Escobar, por homicidio calificado.
Sin embargo, tanto la jueza del Tribunal de Garantía como la Corte de Apelaciones de Concepción, desestimaron decretar prisión preventiva, al considerar que no se encontraba acreditada la existencia de un homicidio, ni indicios de participación del imputado en la muerte.
A su vez, hace poco menos de un mes, la solicitud de ampliación de la indagatoria fue acompañada de un peritaje realizado en Estados Unidos, requerido por la fundación Amparo y Justicia.
En dicho peritaje se acredita la hipótesis presentada por el Ministerio Público, que apunta a que el menor fue víctima de una agresión sexual por parte de un adulto.
