El directorio de la Universidad de Concepción sesionará extraordinariamente para analizar el acuerdo con los imputados por los daños causado al campus el año pasado.

Siguen las reacciones por el acuerdo que evalúa la Universidad con los representantes de los adolescentes y menores acusados por la Fiscalía. Quienes serían responsables de los millonarios daños ocasionados a edificios y otros bienes propiedad del plantel durante las protestas sociales.

Directores consultados rechazaron esa alternativa e invocaron la obligación que tienen de proteger el patrimonio, que no es sólo del plantel, sino también de la ciudad.

Uno de ellos, Germán Acuña, adelantó que como directores se opondrán a cualquier medida parecida. Según él, los miembros no han sido consultados y no defender el patrimonio sería un “notable abandono de deberes”

En la misma línea se pronunció el director Alfredo Meneses, subrayando en la sorpresa que significó conocer a través de Radio Bío Bío la existencia de estas conversaciones.

“La universidad le pertenece a la comunidad penquista, por lo tanto a todos nos debe llamar a cautelar lo que es el patrimonio”.

Por eso, y ante lo delicada de la situación, es que se acordó convocar a una reunión extraordinaria. Acuña confirmó que debe determinare el lugar y la hora de esta.

Autoridades involucradas

También se sumó al debate la Delegación Presidencial, querellante en la causa, que calificó el acuerdo como “gravísimo”.

El delegado regional subrogante, Ignacio Fica, dijo que la salida alternativa es inviable porque la ley no lo permite respecto de ilícitos graves como los que acreditó la investigación del Ministerio Público. Por eso adelantó, van hacer todo para que el caso llegue a juicio oral.

Consultado por la acusación fuera de plazo presentada por los abogados de la Delegación, Fica dijo que la presentación se hizo y que será el Juzgado de Garantía el que resuelva la admisibilidad en una audiencia el próximo lunes.

Tras una investigación de un año que identificó a 12 jóvenes como responsables de los desmanes ocurridos entre febrero y marzo de 2020 en el campus de la Universidad de Concepción, la Fiscalía presentó una acusación por delitos que van desde el lanzamiento de bombas molotov, porte de armas prohibidas, desórdenes y daños a un Monumento Nacional, como es la sede de la casa de estudios superiores.