Transversal fue el rechazo al acuerdo que la Universidad de Concepción negocia con los acusados por delitos que el año pasado dejaron casi 200 millones de pesos en daños a la propiedad de la casa de estudios. Académicos, abogados y políticos cuestionaron lo que -dijeron- dejaría en la impunidad las graves e ilícitas conductas.

Críticas y un intenso debate generaron las declaraciones del secretario general de la Universidad de Concepción, Marcelo Troncoso, quien admitió estar en conversaciones con las familias de algunos de los acusados por las violentas protestas que, entre febrero y marzo de 2020, causaron importantes perjuicios a la casa de estudios.

El objetivo de las negociaciones es alcanzar un acuerdo reparatorio que evite que los jóvenes, e incluso menores de edad, se vean enfrentados a un juicio oral, en el que arriesgarían penas de hasta 10 años de cárcel según la acusación del Ministerio Público contra los 12 imputados.

Jorge Fuentealba, director del Departamento de Fisiología, subrayó que es incomprensible la actual postura, diametralmente opuesta a la expresada tras las manifestaciones el año pasado.

Uno de los aspectos más cuestionados es que cualquiera sean los puntos del eventual acuerdo, éstos serán confidenciales, según lo señalado por Troncoso.

Y eso mismo es lo que el abogado Fernando Saenger, como exalumno de la Universidad de Concepción, calificó como insólito, subrayando que el plantel es una institución pública y, como tal, no puede negociar acuerdos extrajudiciales de espaldas a la comunidad.

Más duros fueron los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla e Iván Norambuena, quienes calificaron como impresentable y una señal de impunidad la postura de la universidad.

No obstante las consultas sobre la polémica, ni el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, ni el gobernador regional, Rodrigo Díaz, han expresado hasta ahora su opinión. Por otra parte, el delgado presidencial, Patricio Kuhn, querellante en la causa, se disculpó por estar en otras obligaciones del cargo.