Abogados querellantes atribuyeron a un error administrativo, que podría ser utilizado por la defensa de los condenados, el cambio de sentencia realizado en el caso Laja San Rosendo.

Hasta ahora la Corte de Apelaciones de Concepción no se ha referido a lo ocurrido, tras reemplazar sin ninguna explicación el fallo con fecha 13 de agosto, dictándose un segundo el día sábado.

Si ya había sido inédita la sentencia por la ejecución de 19 trabajadores de la papelera de Laja y de Ferrocarriles, al haber condenado la justicia como cómplice de los homicidios a un civil, un exempleado de la CMPC, otra singularidad se sumó al retirar la Corte de Apelaciones de Concepción el fallo dictado el viernes y reemplazarlo por una nueva versión en menos de 24 horas.

Para Adolfo Montiel, abogado querellante en la emblemática investigación de derechos humanos, el cambio de resolución es al menos inusual y sobre la cual, señaló, no tiene explicación.

“No es habitual (…) yo no tengo idea”, enfatizó el abogado.

La única diferencia entre las dos sentencias es que en la primera las penas de presidio perpetuo para tres ex carabineros aparecen rebajadas a 15 años y 1 día de cárcel en la segunda.

Sobre lo ocurrido, el abogado Mauricio Araneda, querellante y a la vez hijo de una de las víctimas del caso Laja San Rosendo, lo importante es que exista un fallo, el que seguramente va a llegar a la Corte Suprema, dijo, explicándose el cambio en un error de tipo administrativo.

“Entiendo que puede ser un error absolutamente involuntario, administrativo”, dijo Araneda.

Sobre la firma electrónica del ex ministro Juan Villa, quien se acogió a jubilación el pasado jueves 12 de agosto, el abogado Montiel sostuvo que ese aspecto podría generar algún tipo de contratiempo, pero que es algo que la Corte de Apelaciones debe aclarar.

Consultado el abogado Hernán Montero, a cargo de la defensa de ocho de los nueve ex uniformados condenados, señaló que él sólo conoció la segunda sentencia y que por lo tanto no tenía opinión sobre el primer fallo.