En el marco de sendos recursos de amparo, la Corte de Apelaciones de Concepción nuevamente paralizó la expulsión de extranjeros, medida que había sido decretada por la Intendencia del Bío Bío. Expertas de la Universidad de Concepción explicaron la ilegalidad en que está incurriendo la autoridad y por qué el fallo de los tribunales a favor de los migrantes.

Fue la Clínica Jurídica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción la que presentó las acciones legales, denunciando como ilegal y arbitraria la medida que busca deportar a Venezuela a Johan Villasmil y a Mariana Colina, quienes ingresaron por pasos irregulares al país.

Los dos recursos fueron acogidos a trámite por la Corte de Apelaciones, ordenando que la Intendencia remita en 24 horas los antecedentes sobre el decreto de expulsión, y además dictó una orden de innovar que paraliza la deportación a la espera del fallo que deberá ser dictado en los próximos días.

Para la abogada y docente de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, la resolución es la que están dictando todos los tribunales en Chile, entendiendo los jueces que las expulsiones masivas van en contra no sólo de la normativa chilena sino también contra la legislación internacional en materia migratoria.

“Por un lado, está el problema que se está yendo por vía administrativa, no por sentencia judicial que ordene, después de un debido proceso, pruebas mediante, que se ha cometido, por ejemplo, un delito, y que la sanción es la expulsión, sino que además se está haciendo de tal manera que son masivas, y es lo que el derecho internacional prohíbe”, sostuvo.

Si bien las Cortes de Apelaciones acogen los amparos, las sentencias tienen también repercusiones negativas, pues la nueva ley migratoria obliga a los extranjeros irregularmente en Chile a regresar a sus países y comenzar allá el proceso para emigrar.

Así, las personas, por un lado no son expulsadas, pero tampoco pueden regularizar su situación en el país, quedando en un vacío migratorio que, de acuerdo a la profesora Valentina Rioseco, es responsabilidad de quienes hacen las leyes.

“Como la nueva ley de migraciones no contempla un proceso de regularización migratoria dentro del país, sí se va a generar un limbo difícil. Esto lo único que hace es demostrar que los Tribunales de Justicia están dándose cuenta dónde está como la violación del derecho, y hay una discordancia entre eso y lo que se está resolviendo en la Cámara de Diputados y Senadores”, declaró.

Los amparos que acoge la justicia tiene que ver con personas sin antecedentes penales, sin que la actual legislación migratoria haga diferencia entre extranjeros con o sin un historial de delincuencia.