Sobre el contexto de los homicidios de 19 trabajadores de la papelera de Laja y de Ferrocarriles del Estado en 1973, cometidos por nueve ex miembros de Carabineros en la región del Bío Bío, el Programa de Derechos Humanos cuestiona la demora en el fallo por este caso.

Dicho Programa del Ministerio de Justicia deslizó una dura crítica a la Corte de Apelaciones de Concepción, a raíz de la demora en el fallo por el caso Laja-San Rosendo, advirtiendo que los cuatro meses transcurridos desde los alegatos incumplen acuerdos internacionales sobre la celeridad con que debe hacerse justicia en relación a delitos de lesa humanidad.

A través de un escrito, la abogada del programa, Carolina Etcheberry, demandó que se dicte la sentencia, recordando que el máximo de tiempo que entrega la ley para emitir la resolución judicial es de 20 días; plazo ampliamente excedido si se considera que la apelación fue revisada el 4 de enero y el fallo quedó en acuerdo el 5 de febrero.

Son más de 10 años desde que el ministro Carlos Aldana reabrió la investigación por la matanza de los 19 trabajadores de la papelera de Laja y de Ferrocarriles del Estado, crímenes por los que condenó a 9 ex carabineros, incluido el teniente en retiro Alberto Fernández, para quien fijó la pena de presidio perpetuo.

Tras recibir el escrito del Programa de Derechos Humanos, en el que también se recuerda la instrucción del 21 de abril en que la Corte Suprema ordena agilizar causas como la de Laja-San Rosendo, la presidenta de la Corte, Matilde Esquerré, lo envió a los ministros responsables de la sentencia, particularmente Nancy Bluck, quien quedó con la responsabilidad de su redacción.