La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso de amparo presentado en favor de las personas desalojadas en marzo desde un terreno en Talcahuano.

La justicia descartó cualquier ilegalidad en el uso de la fuerza pública, señalando que la Gobernación tiene las atribuciones para proceder en esos casos.

Fue a fines de febrero que un grupo de 40 personas ocuparon la cancha de la población Las Salinas en Talcahuano.

Entre el 12 y el 25 de marzo, por orden del gobernador Julio Anativia las familias fueron desalojadas en tres oportunidades.

El senador Alejandro Navarro presentó entonces un recurso de amparo, denunciando como ilegal la conducta de la autoridad, señalando que se atentaba contra la seguridad de las personas, esto al permitir a Carabineros destruir las viviendas construidas, dejándolas en la calle y sin hacer distinción en el trato entre jóvenes, adultos mayores o menores de edad.

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó de plano la acción legal, indicando en el fallo que la autoridad provincial usa las facultades otorgadas para hacer cumplir la ley y por lo tanto descartando cualquier arbitrariedad, lo que fue destacado por el gobernador Anativia.

Si bien judicialmente fue validada la conducta de la autoridad, el senador Navarro subrayó que el gobernador tiene que considerar la realidad social, acusando que abandonar a su suerte y dejar a los desalojados en la calle podría ser un delito.

Sin embargo, Julio Anativia recordó que junto a las autoridades de Vivienda se está trabajando en soluciones habitacionales, las cuales tienen un proceso, pero sin usar las fuerza como pueden ser las tomas de terreno.

El recurso de amparo por la ocupación del terreno municipal en el sector Las Salinas podría ser apelado a la Corte Suprema, subrayando el senador Navarro que hay recomendaciones de las Naciones Unidas para los casos de desalojo y que en este caso fueron ignoradas por la Gobernación de Concepción.