Al menos 8 personas denuncian haber sido estafadas en la venta de casas prefabricadas por montos que van de los 1.5 a 10 millones de pesos en la región del Bío Bío.

Fue a través de grupos de Facebook que muchos se interesaron en adquirir las casas prefabricadas que ofrecía Samuel Arias Garrido, a quien contactaron y acordaron iniciar los trabajos.

Así ocurrió con Marcia Santibáñez, quien lo contactó por la red social, le compartió el plano de la casa que quería y firmó el contrato de construcción de vivienda.

Tras ello, Arias visitó los terrenos, llegó con algunos materiales para luego dejar abandonadas las obras y no dar ninguna explicación.

Santibáñez vive en Concepción, tiene una hija con discapacidad y su sueño era tener una casa con patio y árboles. Por eso, cuando vio la publicación de Arias el 5 de octubre de 2020 le preguntó si podía construir un modelo de casa -no prefabricada- y le compartió los planos de un terreno en Quillón por WhatsApp.

Tras llegar a un acuerdo en el valor de la construcción, coordinaron firmar el contrato en la notaría Juan Santiago Espinosa Bancalari.

“Él llegó con un abogado a la Notaría y mi pareja firmó el contrato de construcción de vivienda. El problema es que le hacen a todos la siguiente artimaña: El papel no trae el IVA, entonces nuestra casa era por $26 millones y mi pareja entregó un 30% de pie, que equivale al $7 millones de pesos. Lo pagó en dos cheques nominativos que Samuel Arias cobró a los dos días de ser entregados. Cuando uno muestra ese contrato ante la secretaria de la notaría que queda frente a la Municipalidad de Concepción, nos dicen que el contrato no lo va a firmar el notario a no ser que aparezca el IVA y eso significaba en mi caso $5 millones más, a lo que el abogado responde que él era árbitro arbitrador y todo estaba legalizado, así que solo bastaron las firmas de ambas partes”.

El documento se firmó el 26 de octubre del año pasado y establece que se construirá una “casa tipo mediterránea” y se deberá efectuar en un “plazo de 100 días”.

El valor de los trabajos se fijó en $25 millones, pagados en dos partes: el 26 de octubre mediante “entrega anticipada la suma de $7 millones en dinero en efectivo al constructor, quien declara recibir a entera satisfacción”, se precisa en el escrito.

Los $18 millones restantes “lo pagará el mandante al constructor, según avance la obra, según lo convengan las partes”.

Tal como se ve en el documento, solo salen las firmas de las dos partes, sin timbre de la notaría.

Luego de ese trámite se volvieron a reunir en el terreno, realizó las demarcaciones, llegó con una maquinaria y les compartía fotos y videos de cómo limpiaban y emparejaban el terreno.

Pero duró poco la normalidad. A las semanas afirmó que su esposa tenía covid-19 y que eso retrasó muchos de sus trabajos. Luego indicó que le faltaba un generador y maquinaria, hasta que dejó de dar excusas y de responder los llamados.

“Lo único que nos dejó fue una casucha que construyó para guardar las herramientas. Después nos dejó de contestar de teléfono, nunca más supimos de él, hasta que por una publicación me di cuenta que lo estaban funando en una página de Facebook, donde relataban lo mismo que me había hecho”, afirmó Marcia.

Hualqui

Caso similar fue el experimentado por Elba Correa, quien lo conoció en Hualqui, cuando Arias construía la casa de un conocido en el campo. Le preguntó cuánto salía una casa prefabricada de 54 metros cuadrados y acordaron ir a una notaría. Ese mismo día, Arias y su abogado se reunieron con la pareja de Marcia en el mismo recinto.

“Me dijo que tenía un abogado, me citó a una hora, firmamos un contrato y nos dijeron que nos faltaba un documento. La cosa es que le entregué en la notaría 1.500.000 de pesos”, afirmó Elba.

“Fue de apresurada, donde me dijo que me la entregaría la primera semana de diciembre, entonces lo hicimos rápido para que empezara luego los trabajo (…) Quería la casa para acompañar a mi suegro que vive solo ahí, que está acostumbrado a la vida de campo y no se siente cómodo con el ruido de la línea férrea en Concepción y lo que él nos ofreció se acomodaba a nuestro presupuesto”, agregó Elba.

Hoy agradece que una de sus hijas capturara el momento, porque le sirve de prueba que la firma sí se concretó.

En el contrato se acuerda la construcción de una vivienda tipo “kit mejorada” con un plazo de ejecución de 45 días “a contar del 27 de octubre de 2020”.

Al igual que a Marcia, le compartió fotos de los primeros trabajos, pero en cosa de días les indicó que no tenía maquinaria, materiales, que su pareja tenía covid-19, entre otros.

Ante las reiteradas faltas y tras varios días sin responder sus llamadas, les indicó que tenía muchos trabajos pendientes y que les devolvería el dinero, pero hasta el momento aún no lo deposita.

“Le mandé un audio y le dije ’48 horas le doy para que me devuelva mi dinero, porque no lo estoy pidiendo un préstamo, le estoy pidiendo mi dinero’ y me respondió que no me preocupara porque él sabía lo que debía”, recordó Elba.

En base a sus registros, le dejó de responder los mensajes y llamados el 22 de diciembre. Desde entonces su teléfono marca como no disponible.

Denuncias en la PDI

“El mismo día que hice la denuncia en PDI, me encontré con un joven que también había sido víctima de este hombre. Hemos intentado hacer denuncias públicas para funarlo, porque no hemos tenido respuesta de la policía. Es más, sabemos que sigue publicando casas en Trehuaco”, afirmó.

Horas antes, el mismo 28 de diciembre, Marcia Santibáñez y su pareja también efectuó la denuncia en las instalaciones de la policía civil, ubicada en Angol 815. Luego se enteraron que Arias tiene una causa abierta por una situación similar, a la que se quieren sumar para agilizar el proceso.

Los presuntos estafados se comunican a través de un chat donde van definiendo los pasos a seguir. Entre ellos, presentarse nuevamente este viernes en la PDI y acudir a la Fiscalía.

Si bien saben que es difícil que puedan recuperar el dinero, afirman que las acciones judiciales son para evitar que siga jugando con los sueños de las personas.

Además, temen por su integridad. “Una de las afectadas fue a la casa de Arias en Hualqui, pero debieron salir corriendo porque fueron atacados por sus vecinos, así que no tenemos cómo llegar a él, además sentimos temor porque conoce nuestras casas”, relató Santibáñez.

Abogado

Ambos testimonios dan cuenta que el abogado Roberto Garrido fue quien acompañó a Arias en la Notaría para firmar los contratos de construcción, quien actuaba como árbitro arbitrador, según se precisa en los contratos a los que tuvimos acceso.

El aludido respondió a BioBiochile que lo atendió como a cualquier otro tipo de cliente, que lo acompañó solo una vez a una notaría y le redactó dos documentos.

“Lo asesoré nada más. Me pidió la redacción de dos contratos y punto, nada más. Ahora lo que él haga en la percepción de los dineros o tratos que haya hecho con terceras personas realmente no sé (…) Claro, yo soy el abogado de él y yo tengo derecho a atender a quien yo estime conveniente”.

“A raíz de las publicaciones yo lo he llamado y no he tenido tiempo de ubicarlo en el domicilio que yo tengo por una razón muy simple, estamos en cuarentena en Hualqui, entonces no puedo desplazarme”.

Asimismo, señaló que lo han contactado algunos de los afectados y les dice que “si se sienten perjudicados para eso existen los canales correspondientes y hagan las denuncias en el Ministerio Público”.

Biobiochile tuvo acceso a un tercer contrato firmado en Yumbel, el 30 de octubre de 2020, entre María Angélica Sura y Samuel Arias, donde también sale como árbitro arbitrador el abogado Roberto Garrido.

Desde la PDI indicaron que hay solo una denuncia ingresada en Coronel con fecha 29 de diciembre de 2020 y que desde la Fiscalía no han enviado ninguna orden de investigar.

Por su parte, desde Fiscalía informaron que “no puede revelar si está investigando o no a una persona”.

Pese a lo reiterados intentos por conocer la versión de Samuel Arias, no respondió a nuestras solicitudes.