Sólo 42 personas, menos de un 5% de los imputados por delitos asociados al estallido social, permanecen hoy en prisión preventiva, de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía de Concepción.
Actualmente, la mayoría de los investigados cumplen cautelares menos intensivas como el arresto domiciliario o la firma periódica ante la policía.
Tras el inicio de las protestas el 18 de octubre del año pasado y hasta marzo pasado, la Fiscalía de Concepción abrió causas por delitos asociados al estallido social contra 2.071 personas, dictándose cautelares respecto de 1.748 de ellas.
La prisión preventiva afectó a un total de 173 y la internación provisoria a 6 menores, quedando hasta ahora sólo 42 imputados recluidos en alguna cárcel, según las estadísticas entregadas por el Ministerio Público.
El defensor regional, Osvaldo Pizarro, confirmó esas cifras, explicando la rebaja de las medidas a través de su revisión.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
En varios casos, agregó Pizarro, se invocó la pandemia y el factor riesgo para cambiar la prisión preventiva por el arresto domiciliario, la firma periódica o el arraigo nacional.
Sin embargo, para el abogado Andrés Cruz, quien representa a la Universidad de Concepción como querellante en contra de 11 personas imputadas por delitos en el campus, la rebaja en la intensidad de las cautelares tiene que ver con la dinámica de las investigaciones, pero también presiones al sistema penal.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
De las 862 personas que se mantienen afectas a una medida cautelar que no sea la prisión preventiva, la mayoría -580- cumple con firmas mensuales, quincenales o semanales, y la prohibición de acercarse al lugar atacado o saqueado.