Serias irregularidades por tráfico de influencias e incluso conductas que rayan en la ilegalidad al impedir el cumplimiento de sentencias, fueron denunciadas en la Contraloría respecto del director de la Corporación de Asistencia Judicial.

Además, se apunta al seremi de Justicia del Bío Bío, Sergio Vallejos, como superior del organismo.

Una presentación denunciando y pidiendo investigar siete grupos de irregularidades hicieron en la Contraloría Regional los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial, respaldados por los diputados Manuel Monsalve y Leonidas Romero.

En varios de los cuestionamientos aparecen el director suplente del organismo, Gonzalo Contreras, y el consejero, Gonzalo Elgueta, quien por ejemplo no se inhabilitó cuando fue designado fiscal para investigar la negligencia que impidió a los trabajadores de la CAJ obtener un bono de gestión, según explicó el dirigente Marcelo Inostroza.

Ahí lo que se sospecha es un tráfico de influencias para evitar hacer efectiva la responsabilidad del director de la Corporación, sumándose además, explicó el diputado Monsalve, una serie de órdenes a través de las cuales Gonzalo Contreras dejó las cuentas corrientes del organismo en cero ante el inminente embargo decretado por juzgados del trabajo.

Pero no sólo se pide a la Contraloría determinar la responsabilidad del director de la Corporación de Asistencia Judicial sino también del seremi de Justicia, Sergio Vallejos, como superior jerárquico, señalando el diputado Romero que ha solicitado al Ministerio de Justicia la destitución de su representante en el Bío Bío.

Todos estos antecedentes serán entregados en los próximos días al Consejo Directivo de la CAJ, presidido por el seremi de Justicia, de manera que analice antecedentes que según los funcionarios y parlamentarios son de la máxima gravedad.

Al respecto, el director denunciado señaló que no ha sido notificado de la presentación, asegurando, sin conocer qué se pide investigar, que las supuestas irregularidades fueron ya desechadas por la Contraloría y la justicia.

Sin embargo, las resoluciones a las que se refiere Gonzalo Contreras no están relacionadas con la nueva denuncia, que incluye antecedentes no investigados hasta ahora.