Un informe de la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Concepción propuso condenar a un civil como cómplice en la llamada Matanza de Laja San Rosendo el año 1973.

Este antecedente será analizado ahora como parte de los recursos contra el fallo que absolvió al funcionario de la CMPC en la causa por violación de derechos humanos.

Fue hace exactamente 47 años cuando comenzaron las detenciones de 19 trabajadores de la papelera de Laja y de Ferrocarriles, todos quienes después fueron ejecutados por miembros de Carabineros.

En el caso, además de uniformados, fueron procesados cuatro civiles, siendo condenados sólo los policías pero no los ex funcionarios de la planta de la CMPC, entre ellos Pedro Jarpa Forester, a quien ahora un informe de la fiscal judicial Silvia Mutizábal pide responsabilizar como cómplice de siete de los homicidios.

Si bien el antecedente no es vinculante para la Corte de Apelaciones penquista, que deberá resolver en las próximas semanas los recursos contra la sentencia del ministro Carlos Aldana, se trata de un elemento importante y que va en la línea de lo planteado por los querellantes, expresó el abogado Mauricio Araneda.

Para otro de los abogados en el caso, Adolfo Montiel, la Fiscalía Judicial llega a convencimiento de la responsabilidad del civil con las pruebas que ya están en la investigación, y por eso la confianza de que la opinión sea acogida en el fallo de segunda instancia.

Y eso es ratificado por Araneda, en cuanto no sólo a la responsabilidad de Jarpa Forester, sino también de los otros tres ex trabajadores de la CMPC.

Otra aspecto que la fiscal judicial pide cambiar del fallo es la responsabilidad como encubridores de cuatro ex carabineros, a quienes pide condenar como coautores de homicidio calificado, dejando intacta el resto de la sentencia, incluido el presidio perpetuo para el teniente en retiro, Alberto Fernández Mitchell, como principal responsable de los crímenes.