La Corte Suprema acreditó la responsabilidad de una empresa constructora y del Fisco por la inundación de 155 viviendas en 2005 en Chiguayante, producto del desborde del canal Papen. Como reparación del daño causado, la justicia ordenó el pago de casi 450 millones de pesos a los afectados.

Según la resolución, que es definitiva, Claro Vicuña Valenzuela fue contratada por el Estado, a través de Fesur, para las obras del proyecto Biovías en la comuna de Chiguayante.

Como parte de los trabajos, la empresa instaló una red que impidió la circulación del caudal del canal Papen, lo que se tradujo en su desborde y en la inundación de 150 casas del sector Valle la Piedra, recordó uno de los afectados, Luis Oliva Sepúlveda.

Eso ocurrió en el invierno de 2005, el 26 de junio, y a 15 años de la traumática experiencia, la Corte Suprema confirmó los fallos de primera y segunda instancia, decretando que entre el Fisco y la constructora Claro Vicuña Valenzuela cancelen poco más de 3 millones de pesos a cada uno de los 144 demandantes, es decir, un total de 442 millones de pesos, más intereses y reajustes.

El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, señaló que si bien es importante que se haga justicia, criticó los 15 años que tuvieron que esperar los afectados.

Y en eso coincidió el vecino Luis Oliva, al subrayar en que lo más importante es que los tribunales dieran finalmente la razón a los damnificados, pues dijo que la indemnización es meramente simbólica.

Los 442 millones de pesos decretados como reparación están muy lejos del monto que los demandantes estimaron como daño sufrido y que llegaba a los 3 mil 700 millones de pesos.