Un megafraude al Fisco, que podría superar los 6 mil millones de pesos, denunció el Fonasa en Concepción, apuntando a una médico que cobró en los últimos meses una cantidad de bonos por prestaciones de salud que el organismo determinó nunca se realizaron.
La querella fue presentada hace unos días por el Fondo Nacional de Salud en el Juzgado de Garantía de Concepción, luego de una investigación interna realizada en Santiago a raíz de la cantidad de bonos cancelados a la médico Paulina Carrasco Godoy en los últimos meses.
Por el número de prestaciones supuestamente realizadas especialmente a partir de la pandemia por la doctora, a un costo total de 23 mil millones de pesos, el sistema del Fonasa encendió las alarmas y se inició una pesquisa que incluyó la entrevista de pacientes que negaron los exámenes o tratamientos supuestamente realizados por la facultativa.
Por concepto de bonificación, la médico penquista requirió el pago de 7 mil 348 millones de pesos al Fonasa, que alcanzó a cancelar 6 mil 125 millones antes de percatarse de los posibles ilícitos, denunciados en una querella que pide al Ministerio Público investigar y sancionar el fraude al Fisco, la estafa y la usurpación de identidad.
También un supuesto informe de la Unidad de Análisis Financiero se habría agregado a la investigación, confirmando además de los movimientos bancarios, la compra de -al menos- 7 vehículos en el último tiempo, todos antecedentes acompañados en la querella.
El abogado Alejandro Venegas, de la Direccion Zonal Centro Sur del Fonasa, confirmó la querella, ya admitida a trámite y a la cual el Ministerio Público dio la calidad de secreta.
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Consultado si la doctora imputada habría actuado sola o existiría la participación de otras personas en el fraude, Venegas rehusó entregar más detalles sobre el caso, justamente por la reserva de la investigación, sólo calificando la situación denunciada como grave y delicada.
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Actualmente, hay una serie de diligencias en desarrollo a cargo de la PDI, entre ellas la incautación de documentos y computadores, medidas intrusivas para las que la Fiscalía solicitó la autorización del juez de Garantía, indagaciones que tendrían el objetivo de determinar la posible participación de cómplices en el megafraude a Fonasa.