Fuertes críticas al Ministerio Público generó la orden del fiscal Enzo Osorio de Lota en la región del Bío Bío, quien el mes pasado decidió imputar a marinos que controlaban el cumplimiento del toque de queda en esa comuna y que en el marco de esa tarea, denunciaron haber sido atacados por un automovilista que se resistió a la fiscalización.

La acción judicial estaría en el marco de un posible uso excesivo de sus armas de servicio por parte de marinos que denunciaron ante Carabineros de Lota haber sido víctimas de un ataque frustrado por parte de un conductor que se resistió a un control a las 04:00 horas del 13 de mayo.

Ante esto, los marinos decidieron recurrir a un recurso de amparo para denunciar como ilegal y arbitraria la medida del Ministerio Público, acción rechazada por la Corte Suprema al fallar que los tribunales no tienen la facultad para indicar a la Fiscalía cómo investigar o hacer su labor.

Sobre este tema, el contraalmirante Carlos Huber evitó cuestionar a la Fiscalía, prefiriendo subrayar la posibilidad de que su personal haya actuado en legítima defensa frente al ataque del conductor hasta hoy sin identificar.

Uno de los objetivos del amparo, dijo el abogado defensor Pelayo Vial, fue establecer el uso racional del armamento en el procedimiento, lo que según él se logró a pesar del rechazo de la acción legal.

Sin embargo, para la fiscal regional del Bío Bío Bío, Marcela Cartagena, al mismo tiempo que justificó el actuar del persecutor de Lota, discrepó del planteamiento del abogado de los marinos.

Más allá de lo jurídico, el intendente Sergio Giácaman estimó necesario respaldar el trabajo del personal de la Armada, señalando que buscan velar el cumplimiento de las medidas decretadas en Estado de Emergencia.

La duda planteada sobre esta inédita decisión del organismo persecutor y el respaldo del Poder Judicial, es el riesgo que se pueda estar socavando la autoridad, en este caso, de funcionarios de la Armada frente a la ciudadanía.

En esa línea justamente se manifestó el vicealmirante en retiro y hoy senador Kenneth Pugh, quien señaló que “estamos entrando a un callejón sin salida donde el sentido de la justicia se está diluyendo en ese loco afán revisionista”.

Ante la gravedad de lo ocurrido en Lota, adelantó el senador Pugh, pedirá invitar al fiscal nacional Jorge Abbott para que explique a la Cámara Alta los criterios de los persecutores que estarían, sostuvo, convirtiendo a los agresores en víctimas y a los defensores de la ley en victimarios.