“No me dejaron ni despedirme de ella”. Con esas palabras inicia el relato de una madre, cuya hija habría sido dada en adopción desde una residencia colaboradora del Sename en Hualpén, sin su consentimiento. Se trata del mismo hogar donde la directora enfrenta una investigación por presuntos abusos sexuales y prostitución infantil.
Como ella, hay otras madres y familiares que también acusan la existencia de adopciones irregulares. La hija de Giannina Ricciardi tenía siete años la última vez que la vio en 2018.
Según consigna The Clinic, la pequeña fue retirada de su lado e ingresó al hogar luego que denunciara violencia intrafamiliar en 2014. Tras ser internada en el centro, pasó todo un año hasta que recién pudo volver a los brazos de Giannina.
En ese entonces, ella ya había salido de esa relación, consiguió un trabajo y buscó un nuevo espacio en Talcahuano para estar con su hija. La alegría sólo duró unos meses. Al tiempo, Evelyn Oñate, la directora de la residencia, llamó a la madre de Giannina para que fueran a dejar a la pequeña al centro otra vez; de otra forma, irían en su búsqueda con Carabineros, menciona el medio.
Según relata, intentó ver a su hija en muchas ocasiones, pero Oñate se lo prohibía, asegura. La restricción perduró de esa forma hasta 2018.
Un día de febrero, a la madre de Giannina, le indicaron que en cierta fecha les entregarían a la niña. Cuando ese día llegó, se dirigieron al hogar, pero se encontraron con una horrible sorpresa, la pequeña ya no estaba en la residencia.
“La niña ya no está acá, su mamá firmó un papel diciendo que puede ser entregada en adopción”, habría declarado Oñate a Ricciardi.
“De un día para otro me dicen que yo no puedo ver más a la niña, porque la niña se va en adopción. Me estaban esperando con dos parejas de Carabineros y me dijeron que si hacía algo o me acercaba al hogar, me iban a llevar detenida. No me dejaron ni despedirme de ella”, dijo a Radio Bío Bío a principios de mayo.
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En tanto, actualmente piensa que la niña no está en el país. “Fuimos al Registro civil con otra mamá a sacar certificado de nacimiento y antecedentes de los niños, y los niños no existen aquí en Chile, no tienen registro, no salen con su RUT, no salen con sus nombres, nada”.
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Hoy, el caso de Giannina encabeza una serie de denuncias realizadas ante la Defensoría de la Niñez por presuntas adopciones irregulares desde el mismo recinto.
“Si yo me acercaba al hogar, mi hija se iba en adopción”
Giannina no está sola. Otra de las madres que acusan adopciones irregulares en la residencia Nido de Hualpén es María, de 22 años.
De acuerdo al medio, la hija de María entró al hogar colaborador del Sename en extrañas circunstancias, en octubre de 2014.
La vida de María no ha sido fácil, su pequeña nació en 2013 cuando sólo tenía 16 años. En ese entonces no tenía vivienda, ni a quien acudir, por lo que pidió socorro a la Fundación María Ayuda, donde estuvo viviendo por meses.
Al cabo de un tiempo, la madre de una de sus amigas le ofreció acogerla en Penco, por lo que dejó la fundación para irse a vivir con ellas.
Un día mientras visitaba a unos familiares en Talcahuano, llegó Carabineros con una orden para llevarse a la pequeña, luego que se presentara una denuncia.
Al igual que en el caso de Giannina, María expuso que Evelyn Oñate le impedía ver a su hija, y que incluso, en una ocasión le aseguró que el tribunal había ordenado que no se acercara.
Tras esta respuesta, la mujer se acercó cada semana hasta la residencia Nido para demostrar el vínculo y la importancia por su hija. Sin embargo, Oñate la habría amenazado diciéndole que dejara de acudir al hogar o la entregaría en adopción.
“Me amenazaban diciendo que si yo me acercaba al hogar, mi hija se iba en adopción. Eran amenazas de Evelyn, ella era la que amenazaba”, expresó.
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Desde ese mismo día, ocurrido en 2018, no supo más de su hija, quien cumpliría los 7 años en julio.
Consultada por La Radio acerca de las acusaciones de presunto abuso sexual contra el recinto, María afirmó que nunca escuchó nada, pero que “las veces que iba a visita, yo vi a mi hija varias veces con moretones y extraña, como asustada”.
La investigación
El pasado 27 de abril, la Defensoría de la Niñez presentó una querella contra Evelyn Oñate, directora de la residencia Nido, por los presuntos delitos de violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil.
A Oñate se le acusó de ser encubridora de los supuestos hechos que habrían ocurrido contra dos hermanos de 6 y 8 años, quienes fueron separados de sus familias en 2014. Por su parte, la Seremi de Justicia del Bío Bío también siguió ese camino y presentó otra querella.
En las acciones legales se apunta a la destituida directora como la persona que habría permitido que adultos ingresaran a la residencia para, previo pago de dinero, cometer los abusos.
Acto seguido, el 28 de abril la Fiscalía inició una investigación para esclarecer las acusaciones que no sólo giran en torno a Evelyn, sino a otros funcionarios del recinto.
Como piezas de un dominó, dos días después de la presentación de querellas, la Seremi de Justicia anunció el cierre de las dependencias y el traslado de 11 menores que aún seguían en el hogar, luego que otros 23 fueran reubicados previamente.
Sin embargo, el caso no termina ahí. Conforme pasó el tiempo, se conocieron más antecedentes que pondrían en jaque a las autoridades. De acuerdo a la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, el municipio entregó los primeros datos sobre los presuntos abusos y prostitución infantil en 2017.
En ese entonces, una educadora diferencial y una psicóloga del colegio Cristóbal Colón, hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, luego de detectar conductas sexualizadas en los menores cuando éstos fueron a dicho recinto mientras estaban internados. En la ocasión, el Ministerio Público cerró la causa sin responsables.
En tanto, el Sename también conoció estos antecedentes, aunque sólo lo hizo en 2019, luego que el establecimiento educacional presentara una nueva denuncia en mayo del año pasado.
No obstante, el caso sólo se destapó y se hizo público en abril de 2020.
En este periodo, en que finalmente se tomaron acciones al respecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, visitó Concepción para conocer información del caso. En este contexto, el secretario de Estado lamentó lo ocurrido, pero evitó cuestionar al Sename o a la Seremi del ramo.
Como si no fuera poco, ahora la Defensoría de la Niñez abrió una nueva arista en la investigación criminal, relacionada a las supuestas adopciones irregulares, que ya ascenderían al menos a 10.
“Vivimos con la incertidumbre”
La historia de Marco Álvarez es similar a la de las otras mujeres. En este caso, se trata de su nieto a quien vio por última vez hace tres años.
Hace unas semanas, cuando se destapó el caso del hogar colaborador del Sename, Álvarez dio cuenta a Radio Bío Bío sobre su historia, luego que él y su familia se enteraran de la investigación por presuntos abusos sexuales.
Distinto a las adopciones irregulares, el hombre y sus parientes temen que al interior de la residencia Nido existiera una red de tráfico de niños.
“Yo creo que los grandes están metidos en esta gran mafia, que es tráfico de niños, aquí están metidos jueces y mayormente la directora del hogar Nido”, expresó.
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Sea esa o no la razón de por qué desapareció el pequeño, lo cierto es que hoy su nieto tendría 5 años y hace tres que no tienen noticias de su paradero.
En concordancia con los casos anteriores, el abuelo del menor relata que “de la noche a la mañana” le negaron la visita a su hija -madre del pequeño- y que a él nunca lo dejaron entrar al centro.
“Estamos muy preocupados después de tres años, que nunca nos dijeron nada, queremos saber dónde están, qué pasó con ellos, no sabemos si acaso los están torturando en este minuto y vivimos con la incertidumbre”, expresó.
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Actualmente, mientras se reúnen los antecedentes y se investiga lo ocurrido, Giannina, María, Marco y otras personas, se reúnen de vez en cuando a las afueras de la Corte de Apelaciones de Concepción para exigir respuestas por la desaparición de sus pequeños. En tanto, los hechos más recientes dan cuenta que la Defensoría Penal Pública representará a Evelyn Oñate en la investigación.