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10 años sin reparación: damnificados del 27F siguen pelea judicial por daños a condominio en Hualpén

Por Yessenia Márquez
La información es de Fabián Polanco

28 febrero 2020 | 12:06

Un negativo balance hicieron este 27F, los damnificados del condominio Puerto de Palos en Hualpén en la región del Bío Bío, quienes siguen con las acciones legales por su situación. Pese a los 10 años del terremoto y tsunami que afectó la zona, el edificio continúa inhabitable y sin que nadie se haga cargo.

El inmueble de 10 pisos que se ubica a un costado de la avenida Colón es una de las cicatrices visibles que quedan del terremoto.

Un grupo de 80 familias quedaron damnificadas a raíz de los daños sufridos por el edificio que lo mantienen hasta hoy con la calidad de inhabitable y con decreto de demolición, pero sin que los dueños puedan asumir ese costo y sin que la Municipalidad de Hualpén solicite los recursos para ello.

De ahí el sentimiento que embarga a los afectados, según lo expresó Juan Lozano, uno de los damnificados del condominio Puerto de Palos.

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Al haber fracasado las acciones legales para que la Inmobiliaria Colón asumiera la responsabilidad por los perjuicios, los vecinos presentaron una demanda por los sufrido, persiguiendo el pago de una indemnización por falta de servicio.

Si bien se apunta a la Municipalidad de Talcahuano, que dio luz verde a la construcción del complejo habitacional, la denuncia va principalmente contra el municipio de Hualpén. Ante esto, Juan Lozano manifestó que la corporación edilicia pudo haber sido presionada por la inmobiliaria para no actuar e incluir al inmueble en el grupo de edificios demolidos tras el 27F.

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No obstante el decreto de inhabitabilidad, desde la Inmobiliaria Colón su abogado Remberto Valdés, recordó que hay un peritaje del Dictuc que acreditó la posibilidad de recuperación del edificio Puerto de Palos.

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Hasta la publicación de esta nota han sido infructuosos los intentos por una versión de la alcaldesa Katherine Torres, pero hace un tiempo señaló que el municipio no tenía los recursos para la demolición, dinero que deberían gestionarse a través del Ministerio del Interior.