A través de un recurso de amparo, la Defensoría comenzó a impugnar las prisiones preventivas decretadas por el Juzgado de Garantía de Concepción para imputados por saqueos. A diferencia de una apelación, el amparo cuestiona la debilidad en la resolución que otorgó la medida cautelar y además permite llegar a la Suprema con la discusión.

Como lo había adelantado el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, el organismo intentará revertir las prisiones preventivas solicitadas por la Fiscalía y otorgadas por la justicia a raíz de los saqueos en Concepción.

La vía elegida para impugnar algunas de las 300 cautelares que tienen en la cárcel a detenidos por delitos relacionados con la crisis social fue el recurso de amparo, explicando el jefe de la Unidad de Estudio de la Defensoría Penal, Cristian Sleman, que se denuncia la falta de fundamento para calificar a una persona como un peligro para la seguridad de la sociedad.

El primer amparo ingresado en la Corte de Apelaciones penquista fue en favor de Constanza Valdebenito y Jasmín Alarcón, vinculadas al saqueo del Mall Conection el 22 de noviembre, a quienes se acusó de actuar concertadamente y en grupo para el robo del local comercial.

Ese último argumento está siendo invocado por el Ministerio Público para que sumado al estado de conmoción se consideren como agravantes y se decrete la prisión preventiva, lo que según el defensor Sleman es muy difícil acreditar con las pruebas gráficas que se aportan al Juzgado de Garantía.

Otro aspecto que implica apostar por el recurso de amparo y no la apelación para intentar revocar la medida cautelar de mayor intensidad es que la acción legal permite pedir a la Suprema una revisión del fallo que dicte en este caso la Corte de Concepción.