La Fiscalía está pidiendo la prisión preventiva sólo para imputados por delitos más graves y quienes poseen antecedentes penales previos.
De los casi 100 detenidos por los saqueos y desórdenes del jueves en la noche, la mayoría quedó en libertad o cautelares de menor intensidad como el arresto domiciliario.
Fueron exactamente 93 personas las detenidas por los robos y desórdenes en la última noche de violencia, principalmente en locales comerciales del centro de Concepción.
Los imputados pasaron a control de detención y formalización este viernes, en una extensa jornada de audiencias y donde el Ministerio Público formuló cargos por robo en lugar no habitado o saqueo, receptación e incluso uso de bombas molotov.
Las principales cautelares solicitadas por el Ministerio Público, otorgadas el Juzgado de Garantía penquista, fueron el arresto domiciliario, la firma periódica y el arraigo nacional, decretándose sólo en al menos tres casos la prisión preventiva.
Consultada, la fiscal Claudia Peña explicó que la cautelar de mayor intensidad aplica sólo para personas con reincidencia delictual o antecedentes policiales previos, en las cuales se puede argumentar el peligro para la seguridad de la sociedad.
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Sin embargo, además de los antecedentes policiales previos, la Fiscalía podría también invocar la comisión de los ilícitos en período de conmoción popular para pedir la prisión preventiva.
Así lo sostuvo el abogado penalista Rodrigo Vera, indicando que esa posibilidad no requiere que esté vigente el estado de excepción constitucional.
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La jornada de este viernes en el juzgado penquista fue uno de los más ajetreados desde el inicio del estallido social, como resultado de la cantidad de detenidos tras los saqueos a tiendas como Hush Puppies, Cruz Verde y otros locales menores de calle Aníbal Pinto.