Pingueral a partir de este lunes es una playa con acceso público, hecho que el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, calificó como histórico, sosteniendo que se trata de un bien de uso público y cuyo no puede ser restringido.

Eso sí, la medida causó preocupación entre los propietarios, quienes temen que la seguridad disminuya en el lugar.

Sin barrera y sin la caseta de control. Así está el acceso al exclusivo sector de Tomé, siendo el ministro Ward el que llegó al lugar junto a autoridades regionales , instalando un cartel que dice “Apertura acceso público playa Pingueral”.

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El tema llegó a la justicia, por lo que en diciembre de 2018 el Ministerio de Bienes Nacionales solicitó el pronunciamiento a Contraloría sobre la legalidad del decreto alcaldicio que permite el control al acceso.

Si bien el ente no se pronunció, se indicó que las sentencias judiciales concluyeron el retiro de toda forma de control, ya que es un bien de uso público, sentenció el secretario de Estado.

Consultado sobre si tras el retiro de las barreras y la caseta, éstas se podrán instalar en otro lugar, Ward acotó que “nunca sobre un bien nacional de uso público y nunca cumpliendo una función que implique pedirle algún requisito a una persona para entrar a la playa.

A su vez, son alrededor de 600 casas las que hay en Pingueral, por lo que el abogado de los vecinos, Gonzalo Elgueta, señaló que respetan el libre acceso a las playas, pero el control al acceso es algo distinto y que sigue vigente, por lo que analizarán las acciones a seguir.

En ese sentido, hay preocupación por los puestos laborales de los guardias, mientras que los vecinos creen que la seguridad se verá afectada, incluso, una de las propietarias planteó sus inquietudes al intendente Sergio Giacaman.

En definitiva, son 34 las denuncias que este año habían ingresado a la Seremi de Bienes Nacionales por la situación del acceso a Pingueral, el cual ahora es público.

Asimismo, Felipe Ward aseguró que se fiscalizará el cumplimiento el de esta medida, cuyas multas -en caso de no respetarse- pueden llegar hasta los 10 millones de pesos.