El senador del Partido Progresista, Alejandro Navarro, solicitó a la Contraloría que inicie un juicio de cuentas a las municipalidades que realizaron una consulta ciudadana sobre la aplicación del toque de queda juvenil.

Acompañado de apoderados y jóvenes, el legislador de la Región del Bío Bío llegó hasta las oficinas del ente contralor para plantear la necesidad de un dictamen que establezca la ilegalidad de la iniciativa.

Por medio de la firma de un acuerdo que busca avanzar en la linea de esta iniciativa, ocho municipios del país pretenden restringir el horario de desplazamiento de menores de edad a través de un toque de queda, lo cual le parece dictatorial. Estas provincias son Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Quilpué, Colina, Antofagasta, Peñalolén y La Florida.

Además, el parlamentario indicó que nadie asegura que ha sido el toque de queda el que logra disminuir los índices de consumo de alcohol, de tabaquismo o de drogadicción en los jóvenes.

En tal sentido, Navarro instó a las alcaldías que llevaron a cabo la consulta a trabajar en espacios públicos, ya que “restringirles la libertad de desplazamiento, aparte de ser ilegal, es absolutamente dictatorial. No puede un alcalde determinar si un joven camina en la calle a un horario determinado”, sentenció.