El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Bío Bío rechazó todos los recursos de reposición que pedían Participación Ciudadana para el proyecto inmobiliario Ciudad del Parque, de la empresa Aitué en Concepción.
El documento firmado por la directora regional del SEA, Silvana Suanes, indica que la necesidad de participación ciudadana, si bien es legitimo como deseo de la población, no se concibe sólo por el hecho de la magnitud, duración del proyecto o de los impactos ambientales que pudieran identificarse o afectar a la población, pues ello es transversal del proceso de evaluación ambiental.
Además, plantea que el proyecto inmobiliario en cuestión no corresponde a uno con carga ambiental en función de sus características y su condición de ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) que se asocia con el resguardo a la salud de la población.
Otro de los argumentos del SEA es que en ningún caso este proyecto corresponde a uno que genera beneficio social.
En febrero de este año el servicio ya había rechazado la petición de realizar participación ciudadana para este proyecto, producto de lo cual se generaron estos recursos de reposición de parte de las direcciones de los colegios aledaños, centros de padres y vecinos del sector, a quienes nuevamente y de manera definitiva se negó este proceso.
Los vecinos tenían confianza en que la petición sería acogida esta vez, sin embargo, Irene Flores, presidenta de la Juntas de Vecinos de Parque Ecuador Sur, dijo que no bajarán los brazos.
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En ese sentido, para este fin de semana ya planifican alguna acciones para hacer visible la postura que tienen como vecinos frente a la inminente construcción del complejo de edificios de departamentos y oficinas en calle Chacabuco, entre Colo Colo y Castellón.
En la evaluación ambiental, se amplió hasta mañana el plazo para que la empresa responda el segundo informe consolidado de observaciones y aclaraciones que pidieron los servicios que evalúan el proyecto.
Según Aitué, la extensión era necesaria para finalizar la elaboración de los compromisos voluntarios que asumirá el titular, para que sean medibles, verificables y permitan una adecuada fiscalización.