En evaluación están los recursos que podrían llevar a la Suprema el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó las penas contra los siete excarabineros condenados por la desaparición de 28 campesinos de Santa Bárbara y Quilaco en 1973, y que rebajó las sanciones para los 10 civiles a quienes se calificó como cómplices de los secuestros calificados.
Lo que analizaría el Programa de Derechos Humanos y los querellantes es intentar ante el máximo tribunal del país reponer las penas para estos últimos, exmiembros del grupo Patria y Libertad, respecto de quienes se acreditó su participación en las detenciones de las víctimas antes de que los miembros de la policía uniformada los hicieran desaparecer.
Para los exfuncionarios de Carabineros las penas decretadas van entre los 11 y 14 años de cárcel, mientras que para los civiles se rebajaron las sanciones algunas de 10 a seis años de prisión efectiva y otras a cuatro años, con el beneficio de la libertad vigilada.
Otro análisis de la sentencia la hace el Consejo de Defensa del Estado respecto de la arista civil, que condenó al Fisco al pago de 535 millones de pesos para los familiares de cinco de las 28 víctimas, y quienes presentaron demandas indemnizatorias, todas acogidas en primera y segunda instancia.