La Corte de Apelaciones de Concepción revisó el recurso de protección por la aplicación de la Ley Aula Segura en el Liceo Enrique Molina y que apuntó a cuatro alumnos, aunque sólo uno de ellos siguiendo con la acción legal. El debate se centró en la ilegalidad de la normativa, pero también en la proporcionalidad de la sanción aplicada.

Será la Sexta Sala del tribunal de alzada penquista la que resuelva este conflicto, el que se inició hace casi dos meses, cuando cuatro alumnos fueron suspendidos al aplicarse el Reglamento de Convivencia Escolar y la Ley Aula Segura, tras una protesta estudiantil que incluyó la agresión a una profesora y a una asistente social.

Ante los ministros intervino la abogada Paula Rojas, en representación justamente de esta última profesional, argumentando que permitir el regreso a clases del alumno denunciante afectaría sus derechos.

El argumento, sin embargo, fue rebatido por el abogado recurrente, Francisco Ugarte, quien aseguró que el hijo de su clienta no fue quien agredió a la trabajadora social y que por lo tanto la acción legal debería ser acogida.

En la audiencia estuvo presente el estudiante del Liceo Enrique Molina sancionado junto a su madre, Linda Aqueveque, quien llamó a los jueces a considerar la situación actual de su hijo y no truncar su futuro que incluye llegar a la universidad.

Otro de los argumentos del recurso es la supuesta ilegal aplicación de la Ley Aula Segura, que según el abogado Ugarte no se ajustó a lo que establece la polémica normativa, vulnerando el debido proceso, pero contraargumentando la Dirección de Educación Municipal en cuanto que se trata de un procedimiento aún vigente y que por lo tanto la acción legal es improcedente.