Dos de los cuatro estudiantes expulsados del Liceo Enrique Molina Garmendia por presuntas agresiones a funcionarias del recinto desistieron del Recurso de Protección que interpusieron ante la Justicia. En tanto, apoderados y profesores valoraron la revocación de la orden de no innovar que llevó al municipio a reanudar el proceso administrativo.
Se trata de un caso con varias aristas, con discusiones políticas, con procedimientos administrativos y judiciales que se siguen discutiendo y que mantienen a la expectativa el futuro de cuatro estudiantes acusados de la agresión de dos funcionarias del liceo.
Lo último fue la decisión de la familia de dos de los jóvenes de desistir del Recurso de Protección, según explicó su ahora exabogado representante, Francisco Ugarte, por una cuestión de costos.
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La decisión se genera a tras el alza de la orden de no innovar que determina la propia Corte, y que significa en la práctica que los estudiantes cuestionados no pueden volver a ingresar a clases al Liceo Enrique Molina Garmendia mientras dure la investigación y apelación correspondientes, siendo la Seremi de Educación la encargada de determinar un nuevo establecimiento provisorio.
El presidente del Colegio Regional de Profesores, Boris Figueroa, valoró la separación de los estudiantes, pero apelando a que este caso nuca debió haberse judicializado.
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Conforme se manifestó también la Presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Liceo de Hombres, Victoria Salas.
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¿Qué sigue ahora? Varias aristas paralelas.
Por una parte, la tramitación del Recurso de Protección que ahora continúa sólo con dos estudiantes, a fin de determinar no sólo si los jóvenes son culpables o inocentes, sino también si el proceso que se desarrolló en primera instancia y que determinó su expulsión se realizó conforme a la ley.
En paralelo, el municipio reanudó el proceso administrativo que tiene enfrascados en una discusión política al alcalde de Concepción con el Seremi de Educación en si se utilizó o no Aula Segura. Ese procedimiento, ahora ya conforme al DFL2, estima un plazo de 15 días para que los estudiantes apelen a la expulsión.