Seis alumnos del emblemático liceo de Concepción, Enrique Molina Garmendia, se convirtieron en los primeros alumnos expulsados tras la aprobación en el Congreso de la denominada Aula Segura.

El hecho se produce luego de cinco meses de que la controversial iniciativa impulsada por el Gobierno fuera aprobada tras una larga discusión.

Los seis estudiantes fueron apartados de la institución luego de verse involucrados en una agresión a dos funcionarias.

La ley faculta a los directores de los establecimientos educacionales para que expulsen o cancelen la matrícula de alumnos que protagonicen actos de violencia extrema, como sucedió en este caso.

“Cuando aprobamos Aula Segura, dijimos que íbamos a combinar el derecho a la comunidad a poder trabajar y estudiar en paz, el derecho a un debido proceso, como se les aplicó a estos estudiantes, y el derecho a la educación de los alumnos expulsados de contar con las ayudas para ser reubicados en otros establecimientos”, explicó la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en declaraciones recogidas por Emol.

La secretaria de Estado agregó que “la señal es clara: no más agresiones a profesores y a asistentes de la educación”.

Desde el Mineduc informaron que a los seis apoderados se les hizo llegar una carta entre ayer jueves y este viernes, de los cuales cuatro aceptaron la sanción y los otros dos, que no la aceptaron, tienen un plazo de 5 días para apelar en el establecimiento.

En esa línea, aseguraron que se llevó a cabo el debido proceso, siendo en primera instancia suspendidos por 6 días los estudiantes.

“El proceso se llevó de acuerdo a lo contenido en los instrumentos respectivos que rigen las conductas, dando espacio a la defensa y debido proceso, según los antecedentes expuestos por el rector, y se aplicó la medida de expulsión”, finalizaron.

Presentan recurso de protección

Sin embargo, cuatro de los apoderados de los estudiantes expulsados llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Concepción durante este viernes con la finalidad de interponer un recurso de protección para revertir la decisión del liceo penquista.

Lo anterior, porque -según comentaron a Radio Bío Bío– no se habría llevado a cabo un debido proceso, asegurando que se enteraron de la expulsión de un día para otro.

Por esa razón pretenden que el tribunal de alzada dicte una orden de no innovar que permita a los alumnos integrarse nuevamente al establecimiento, de forma temporal, mientras se falla el recurso interpuesto.