Tras ser rechazado un recurso de protección y reiniciarse los trabajos en el terreno, los vecinos de la Remodelación Eleuterio Ramírez reactivaron su lucha por la recuperación del paño vendido a fines de 2013 por el Serviu.

Ahora lo que presentaron, respaldados por el Colegio de Abogados, es una demanda de nulidad de derecho público, según explicó el dirigente de la orden, Ignacio Sapiaín, precisando que la enajenación podría ser ilegal.

“Se cuestiona cada uno de los actos administrativos que culminaron en la venta del terreno de la Remodelación Paicaví, el primero en lo que se refiere a que encontramos al menos un defecto en la certificación del loteo y, el segundo argumento, en cuanto a la autorización para enagenar un bien nacional de uso público“, señaló el abogado.

Más allá de los cuestionamientos jurídicos, para los vecinos es una injusticia que el propio Estado haya vendido un área verde en una zona residencial, y permitido a su vez que junto a un edificio de departamentos, se haya autorizado la construcción de una venta de neumáticos.

“Queremos defender esta área verde que durante más de 40 años lo manteníamos los vecinos y (…) supimos que lo había vendido el Serviu porque era propiedad de ellos y que nunca nos avisaron a la Junta de Vecinos”, manifestó una de las residentes.

A la presentación se sumó el diputado Manuel Monsalve, quien cuestionó que hoy se estén conociendo casos como los de San Pedro de la Paz y Concepción, ante lo cual adelantó que se solicitó a las secretarías de Estado un informe sobre terrenos fiscales que pudieran ser licitados, de manera de decidir si es necesaria la regulación de esos bienes de uso público.

“Lo primero que hemos hecho es pedirle a los ministros que nos entreguen información de los terrenos que están en propiedad de los ministerios, que nos digan qué terrenos han declarados prescindibles, cuáles están en una posesión de licitar y vender, y a partir de eso vamos a tomar la decisión si es necesario limitar las facultades legales que tienen los ministerios”, aseguró Monsalve.

La demanda fue ingresada en el Segundo Juzgado Civil de Concepción, instancia en que el abogado Sapiaín comentó que esperarán que se decrete la admisibilidad antes de solicitar una medida precautoria que paralice la construcción de la serviteca.