De 220 a 760 millones de pesos fueron incrementadas las indemnizaciones que tendrá que pagar el Estado a 11 víctimas de la dictadura, torturadas entre 1973 y 1989 en Concepción y Talcahuano.

La sentencia fue dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, tras revisar el fallo de primera instancia que acreditó los apremios a los que fueron sometidas personas detenidas por efectivos del Ejército, la Armada y Carabineros.

Entre los beneficiados con la reparación están María Candelaria y Galo Acevedo, cuyo padre, Sebastián, se inmoló el 11 de noviembre de 1983 en las afueras de la Catedral de Concepción tras la detención de sus hijos por parte de la CNI.

Las indemnizaciones habían sido determinadas en 20 millones de pesos por el 22 Juzgado Civil santiaguino para cada una de las víctimas, siendo aumentadas a entre 50 y 80 millones de pesos por el tribunal de alzada.